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El Ciudadano Semanario Oruro Bolivia |
Perseguida en el delirio, la vida no cesa, existen muchos mundos más allá de éste y del virtual, existimos en diversas dimensiones naufragando en la cordura. Un saludo desde aquí a los delirantes.
miércoles, 14 de octubre de 2015
El Ciudadano Oruro - Bolivia edición 127
Les presentamos, la edición para este fin de semana dedicado a la mujer boliviana, en nuestra pagina central, sin embargo destacamos que prevalecen los prejuicios y discriminación, ademas, interesantes notas del ámbito local y nacional, análisis de acontecimientos económicos y políticos del mundo y entre las tendencias se destaca la moda para mujeres de talla pequeña !!
Publicar entrada81/El-Ciudadano-Edicion-127…Pueblos Originarios en América BOLIVIA
Pueblos Originarios en América
Una guía introductoria de su situación
Importante información y analisis de la larga lucha de los pueblos indigenas por su visibilazación y el esjercicio de sus derechos como pueblos indigenas originarios de america.
BOLIVIA
El número de habitantes de Bolivia es de 10.426.160 siendo el 62% de ellos, mayor de 15 años, de origen indígena. El quechua (49,5%) y el aymara (40,6%), que están ubicados en los Andes occidentales, son los pueblos con mayor número y porcentaje de población; les siguen el chiquitano (3,6%) y moxeño (1,4%), que habitan en la Amazonía y el guaraní (2,5%) en el Chaco, convirtiéndose en un pueblo transfronterizo (también está presente este pueblo Argentina, Brasil y Paraguay). El restante 2’4% de la población originaria de Bolivia corresponde a los araona, ayoreo, bauré, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chiman, chipaya, chiriguano, ese ejja, guarasugwe, guarayo, itonama, joaquiniano, kallawaya, lecos, machineri, maropa, moré, mosete, movima, nahua (etnia), pacahuara, sirionó, tacana (etnia), tapieté, toromona, uru, yaminahua, yuqui, yuracare y weenhavek. Bolivia reconoce como pueblo a los afrobolivianos.
Las presiones de esas compañías extractivas no han tardado en presentarse a nivel nacional tampoco. La empresaestatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se está convirtiendo en la portavoz del lobby empresarial petrolero al criticar las “demandas sobredimensionadas” de las comunidades indígenas porque “frenan las inversiones”.[19] Todo porque guaraníes y weenhayek de la región del Chaco de Tarija se oponen a que la brasileña Petrobras y la británica British Gas (BG) realicen operaciones petroleras en sus territorios en tanto no desarrollen proyectos productivos allí y den empleo a sus habitantes. Una reivindicación muy revolucionaria y desestabilizadora, a lo que se ve, para las transnacionales pero que ha surtido su efecto. En el momento de escribir este libro, el gobierno ha anunciado la modificación del reglamento de consulta indígena para fijar límites a la compensación que las comunidades pueden recibir por los daños que las actividades de las empresas extractivas causen en su territorio. Ya no serán las negociaciones directas entre comunidades y empresas quienes establezcan los pagos, sino que se harán por ley en un rango que oscilará entre el 0’5% y el 1’5% del monto de la inversión.[20] El gobierno había anunciado que aunque marchasen todos los indígenas del país no iba a violar ni a transgredir la Constitución. No lo ha hecho, pero con esta normativa claramente la limita.
El Estado se ha dado mucha prisa en legislar a favor de las empresas. Sería deseable, e indispensable, que el accionar del Estado en este ámbito salvaguardase los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas en su interrelación con los no indígenas y eso se tradujese en marcos institucionales de derecho y de responsabilidad administrativas. Por ejemplo, establecer por ley la consulta previa en la explotación minera, inexistente en la actualidad. Esto incluye también a las tierras comunitarias de origen puesto que el nuevo ordenamiento legal reconoce su forma de vida diferenciada de la economía campesina y de otras lógicas económicas y, por lo tanto, no es posible reducir estos territorios, ocuparlos o redistribuirlos y, hoy por hoy, siguen vigentes las certificaciones de derechos y venta ilegal de estas tierras.
El conflicto ha terminado con una tregua que no soluciona las cuestiones pendientes, sólo las aplaza. Se ha establecido un preacuerdo entre el gobierno y la CIDOB que establece que “en todas las estructuras de gobierno plurinacional se designen autoridades provenientes de los pueblos indígenas propuestos a través de la CIDOB y sus organizaciones regionales”, algo que se recoge en la Constitución. Estos representantes serán finalmente elegidos por el gobierno, pero dentro de los propuestos por la organización indígena.
Hay una nueva Bolivia aunque todavía quedan resabios muy incrustados de la vieja. Sin potenciar a las naciones y pueblos originarios, tal y como está recogido en el ordenamiento legal surgido de la Constitución de 2009, todo queda en papel mojado o en medidas simplemente cosméticas. Tiene que haber una refundación real del Estado, y ello lleva a una descolonización física y mental, ya en marcha pero aún enfrentando grandes resistencias. Tal vez el caso más llamativo, y que tiene que ver con el interés del gobierno en lograr y mantener el apoyo de la clase media de las ciudades, es el hecho que se está buscando un camino intermedio entre las reivindicaciones indígenas y el poder centralista del Estado: traspasar los poderes a los gobernadores y alcaldías, algunas de ellas en manos indígenas sí, pero en su mayoría se mantienen como espacios de poder de las élites locales. Sin una subordinación de lo plurinacional –y así lo reconocen los indígenas- a las necesidades funcionales del Estado la nueva Bolivia no funcionará; pero para que todo el engranaje siga su marcha emancipatoria hay que dejar de pensar que a los indígenas se les manipula y pasar a ampliar el ámbito de decisiones: el régimen de autonomías para los pueblos indígenas.
La historia de Bolivia deja bien patente que los pueblos originarios han hecho todo lo posible por no tolerar su marginación política y social. Lo segundo lo están logrando, mal que bien, y lo primero lo continúan peleando. Saben, además, que sus tierras son muy ricas en recursos naturales y que el Estado necesita estos recursos para mejorar la economía. Pero saben, también, que la lógica extractora y depredadora les ha llevado a la destrucción y no están dispuestos a que esta situación continúe. Y menos en la Bolivia actual.
Hay una nueva Bolivia aunque todavía quedan resabios muy incrustados de la vieja. Sin potenciar a las naciones y pueblos originarios, tal y como está recogido en el ordenamiento legal surgido de la Constitución de 2009, todo queda en papel mojado o en medidas simplemente cosméticas. Tiene que haber una refundación real del Estado, y ello lleva a una descolonización física y mental, ya en marcha pero aún enfrentando grandes resistencias. Tal vez el caso más llamativo, y que tiene que ver con el interés del gobierno en lograr y mantener el apoyo de la clase media de las ciudades, es el hecho que se está buscando un camino intermedio entre las reivindicaciones indígenas y el poder centralista del Estado: traspasar los poderes a los gobernadores y alcaldías, algunas de ellas en manos indígenas sí, pero en su mayoría se mantienen como espacios de poder de las élites locales. Sin una subordinación de lo plurinacional –y así lo reconocen los indígenas- a las necesidades funcionales del Estado la nueva Bolivia no funcionará; pero para que todo el engranaje siga su marcha emancipatoria hay que dejar de pensar que a los indígenas se les manipula y pasar a ampliar el ámbito de decisiones: el régimen de autonomías para los pueblos indígenas.
Guía introductoria de su situación
El trabajo de Alberto Cruz tiene una clara vocación de informar y explicar la situación de los Pueblos Originarios o Naciones Indígenas en el continente americano, incluyendo los países de habla no castellana o portuguesa, desde la visión del conflicto del uso y propiedad colectiva de la tierra, el territorio donde han vivido, viven y quieren seguir viviendo los diferentes
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