Propuesta de las Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas y de Colonizadores hacia la Asamblea Constituyente -- BOLIVIA

Sucre, 5 de agosto de 2006


Señores
Miembros de la Asamblea Constituyente
Presente.-

De nuestra mayor consideración:

La organizaciones indígenas, originarias, campesinas y de colonizadores de Bolivia reunidos en ASAMBLEA NACIONAL concluimos la elaboración y la consensuación de la propuesta para la nueva Constitución Política del Estado para su consideración en la Asamblea Constituyente.

En ella expresamos los planteamientos centrales y nuestra visión sobre la construcción de un nuevo país para todos.

Estamos seguros que esta propuesta tiene su respaldo; nosotros mantendremos una vigilancia y movilización permanente para que nuestros planteamientos se incluyan en el nuevo texto de la carta magna de Bolivia.

Reiterando nuestros saludos, nos despedimos hasta la próxima oportunidad.

Atentamente,

Propuesta de las Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas y de Colonizadores hacia la Asamblea Constituyente
Sucre, 5 de agosto de 2006
PRESENTACIÓN

El 13 de mayo de 2002 marca un hito histórico en el país cuando los excluidos de siempre iniciamos una marcha inmemorable desde la ciudad de Santa Cruz hacia La Paz, sede de gobierno, con una demanda que no sólo interesaba a los campesinos indígenas originarios sino a toda la población del país: la convocatoria a la ASAMBLEA CONSTITUYENTE para refundar Bolivia.
En este marco, de manera sectorial las organizaciones campesinas, indígenas, originarias y de colonizadores de Bolivia empezamos procesos de elaboración colectiva de propuestas para una nueva Constitución Política del Estado, que incluya nuestros derechos y nuestra visión para la construcción de un nuevo país.
A partir de la aprobación y promulgación de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, en el mes de marzo de 2006, comenzamos de manera intensa un proceso de convergencia entre las organizaciones campesinas, indígenas, originarias y de colonizadores para construir de manera colectiva una sola propuesta de consenso. Con este fin, desde el mes de abril, hemos realizado una serie de encuentros nacionales, en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, que culmina en una gran Asamblea Nacional, en la ciudad de Sucre, celebrada entre el 3 y 5 de agosto del presente año .
La unidad del movimiento campesino, indígena, originario y de colonizadores es nuestro pilar fundamental para mostrarle al país que nuestra presencia es innegable e importante en el tratamiento de los grandes temas nacionales.
En este documento presentamos la “PROPUESTA PARA LA NUEVA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO” de las Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas y de Colonizadores aprobada por Consenso en la gran Asamblea Nacional y que es entregada hoy, 5 de agosto de 2006 como mandato a nuestros Constituyentes, y presentada para el debate a la Asamblea Constituyente, al gobierno nacional y al pueblo boliviano. Convocamos a que otras organizaciones sociales se sumen a esta propuesta para la construcción de un Estado Plurinacional Unitario.
Nuestra tarea no ha concluido, el reto ahora es enriquecer nuestra propuesta en el debate, generar alianzas con organizaciones sociales de los sectores urbanos y rurales; ejercer el derecho a la participación, vigilancia y movilización social en la búsqueda del bienestar general y una convivencia pacífica y solidaria entre todos los bolivianos y bolivianas.
El presente texto está organizado de la siguiente manera:
- ¿Qué es un Estado Plurinacional?
- Capítulo I: Modelo de Estado
- Capítulo II: Ordenamiento Territorial y Autonomías
- Capítulo III: Régimen de Tierra y Territorio
- Capítulo IV: Régimen Económico
- Capítulo V: Régimen Social
- Capítulo VI: Derechos, Deberes y Garantías
Sucre, 5 de agosto de 2006
Por las organizaciones :
- Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia - CSUTCB
- Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia - CIDOB
- Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia - CSCB
- Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia, “Bartolina Sisa” - FNMCB-BS
- Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu - CONAMAQ
- Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz – CPESC
- Movimiento Sin Tierra de Bolivia - MST
- Asamblea del Pueblo Guaraní – APG
- Confederación de Pueblos Étnicos Moxeños de Beni – CPEMB
¿Qué es un Estado Plurinacional?
Las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos hoy tenemos el desafío de participar en la refundación de Bolivia, construyendo un nuevo país fundamentado en los pueblos como sujetos colectivos, hacia la construcción de un Estado Plurinacional, que trascienda el modelo de Estado liberal y monocultural cimentado en el ciudadano individual.
Bolivia, como los demás Estados de América Latina, ha construido un modelo liberal caracterizado por la imposición de la cultura occidental que ha marginado y debilitado nuestras culturas originarias y nuestros sistemas políticos y jurídicos. La división político administrativa ha impuesto fronteras que han roto las unidades territoriales tradicionales, resquebrajando la autonomía y control sobre la tierra y recursos naturales. Se ha impuesto un sistema jurídico uniforme, modelos de gobierno y administración de justicia ajenos, que favorecen los intereses del mercado y priva a los pueblos de sus medios de subsistencia, y por lo tanto deteriora nuestra calidad de vida. Pero a pesar de siglos de imposición hemos resistido y mantenido nuestras identidades, por eso en Bolivia hoy habitamos diversas naciones, pueblos y culturas con derecho a una convivencia solidaria y pacífica, por eso proponemos fundar un Estado Plurinacional Unitario.
Entendemos que el Estado Plurinacional es un modelo de organización política para la descolonización de nuestras naciones y pueblos, reafirmando, recuperando y fortaleciendo nuestra autonomía territorial, para alcanzar la vida plena, para vivir bien, con una visión solidaria, de esta manera ser los motores de la unidad y el bienestar social de todos los bolivianos, garantizando el ejercicio pleno de todos los derechos.
Para la construcción y consolidación del Estado Plurinacional son fundamentales los principios de pluralismo jurídico , unidad, complementariedad, reciprocidad equidad, solidaridad y el principio moral y ético de terminar con todo tipo de corrupción.
Nuestra decisión de construir el Estado Plurinacional basado en las autonomías indígenas, originarias y campesinas, debe ser entendida como un camino hacia nuestra autodeterminación como naciones y pueblos, para definir nuestras políticas comunitarias, sistemas sociales, económicos, políticos y jurídicos, y en este marco reafirmar nuestras estructuras de gobierno, elección de autoridades y administración de justicia, con respeto a formas de vida diferenciadas en el uso del espacio y el territorio.
Jurídicamente nuestra propuesta se fundamenta en los derechos colectivos consagrados en Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como el Convenio 169 de la OIT . Es de especial importancia nuestro derecho a la tierra y los recursos naturales: buscamos poner fin al latifundio y a la concentración de la tierra en pocas manos, y al monopolio de los recursos naturales en beneficio de intereses privados.
La estructura del nuevo modelo de Estado Plurinacional implica que los poderes públicos tengan una representación directa de los pueblos y naciones indígenas originarias y campesinas, según usos y costumbres, y de la ciudadanía a través del voto universal. Asimismo tendrá que determinarse la forma como se articularán los distintos niveles de la administración pública y las autonomías territoriales.

Descargar todo el texto

Sucre, 5 de agosto de 2006


Señores
Miembros de la Asamblea Constituyente
Presente.-

De nuestra mayor consideración:

La organizaciones indígenas, originarias, campesinas y de colonizadores de Bolivia reunidos en ASAMBLEA NACIONAL concluimos la elaboración y la consensuación de la propuesta para la nueva Constitución Política del Estado para su consideración en la Asamblea Constituyente.

En ella expresamos los planteamientos centrales y nuestra visión sobre la construcción de un nuevo país para todos.

Estamos seguros que esta propuesta tiene su respaldo; nosotros mantendremos una vigilancia y movilización permanente para que nuestros planteamientos se incluyan en el nuevo texto de la carta magna de Bolivia.

Reiterando nuestros saludos, nos despedimos hasta la próxima oportunidad.

Atentamente,

Propuesta de las Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas y de Colonizadores hacia la Asamblea Constituyente
Sucre, 5 de agosto de 2006
PRESENTACIÓN

El 13 de mayo de 2002 marca un hito histórico en el país cuando los excluidos de siempre iniciamos una marcha inmemorable desde la ciudad de Santa Cruz hacia La Paz, sede de gobierno, con una demanda que no sólo interesaba a los campesinos indígenas originarios sino a toda la población del país: la convocatoria a la ASAMBLEA CONSTITUYENTE para refundar Bolivia.
En este marco, de manera sectorial las organizaciones campesinas, indígenas, originarias y de colonizadores de Bolivia empezamos procesos de elaboración colectiva de propuestas para una nueva Constitución Política del Estado, que incluya nuestros derechos y nuestra visión para la construcción de un nuevo país.
A partir de la aprobación y promulgación de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, en el mes de marzo de 2006, comenzamos de manera intensa un proceso de convergencia entre las organizaciones campesinas, indígenas, originarias y de colonizadores para construir de manera colectiva una sola propuesta de consenso. Con este fin, desde el mes de abril, hemos realizado una serie de encuentros nacionales, en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, que culmina en una gran Asamblea Nacional, en la ciudad de Sucre, celebrada entre el 3 y 5 de agosto del presente año .
La unidad del movimiento campesino, indígena, originario y de colonizadores es nuestro pilar fundamental para mostrarle al país que nuestra presencia es innegable e importante en el tratamiento de los grandes temas nacionales.
En este documento presentamos la “PROPUESTA PARA LA NUEVA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO” de las Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas y de Colonizadores aprobada por Consenso en la gran Asamblea Nacional y que es entregada hoy, 5 de agosto de 2006 como mandato a nuestros Constituyentes, y presentada para el debate a la Asamblea Constituyente, al gobierno nacional y al pueblo boliviano. Convocamos a que otras organizaciones sociales se sumen a esta propuesta para la construcción de un Estado Plurinacional Unitario.
Nuestra tarea no ha concluido, el reto ahora es enriquecer nuestra propuesta en el debate, generar alianzas con organizaciones sociales de los sectores urbanos y rurales; ejercer el derecho a la participación, vigilancia y movilización social en la búsqueda del bienestar general y una convivencia pacífica y solidaria entre todos los bolivianos y bolivianas.
El presente texto está organizado de la siguiente manera:
- ¿Qué es un Estado Plurinacional?
- Capítulo I: Modelo de Estado
- Capítulo II: Ordenamiento Territorial y Autonomías
- Capítulo III: Régimen de Tierra y Territorio
- Capítulo IV: Régimen Económico
- Capítulo V: Régimen Social
- Capítulo VI: Derechos, Deberes y Garantías
Sucre, 5 de agosto de 2006
Por las organizaciones :
- Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia - CSUTCB
- Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia - CIDOB
- Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia - CSCB
- Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia, “Bartolina Sisa” - FNMCB-BS
- Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu - CONAMAQ
- Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz – CPESC
- Movimiento Sin Tierra de Bolivia - MST
- Asamblea del Pueblo Guaraní – APG
- Confederación de Pueblos Étnicos Moxeños de Beni – CPEMB

¿Qué es un Estado Plurinacional?
Las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos hoy tenemos el desafío de participar en la refundación de Bolivia, construyendo un nuevo país fundamentado en los pueblos como sujetos colectivos, hacia la construcción de un Estado Plurinacional, que trascienda el modelo de Estado liberal y monocultural cimentado en el ciudadano individual.
Bolivia, como los demás Estados de América Latina, ha construido un modelo liberal caracterizado por la imposición de la cultura occidental que ha marginado y debilitado nuestras culturas originarias y nuestros sistemas políticos y jurídicos. La división político administrativa ha impuesto fronteras que han roto las unidades territoriales tradicionales, resquebrajando la autonomía y control sobre la tierra y recursos naturales. Se ha impuesto un sistema jurídico uniforme, modelos de gobierno y administración de justicia ajenos, que favorecen los intereses del mercado y priva a los pueblos de sus medios de subsistencia, y por lo tanto deteriora nuestra calidad de vida. Pero a pesar de siglos de imposición hemos resistido y mantenido nuestras identidades, por eso en Bolivia hoy habitamos diversas naciones, pueblos y culturas con derecho a una convivencia solidaria y pacífica, por eso proponemos fundar un Estado Plurinacional Unitario.
Entendemos que el Estado Plurinacional es un modelo de organización política para la descolonización de nuestras naciones y pueblos, reafirmando, recuperando y fortaleciendo nuestra autonomía territorial, para alcanzar la vida plena, para vivir bien, con una visión solidaria, de esta manera ser los motores de la unidad y el bienestar social de todos los bolivianos, garantizando el ejercicio pleno de todos los derechos.
Para la construcción y consolidación del Estado Plurinacional son fundamentales los principios de pluralismo jurídico , unidad, complementariedad, reciprocidad equidad, solidaridad y el principio moral y ético de terminar con todo tipo de corrupción.
Nuestra decisión de construir el Estado Plurinacional basado en las autonomías indígenas, originarias y campesinas, debe ser entendida como un camino hacia nuestra autodeterminación como naciones y pueblos, para definir nuestras políticas comunitarias, sistemas sociales, económicos, políticos y jurídicos, y en este marco reafirmar nuestras estructuras de gobierno, elección de autoridades y administración de justicia, con respeto a formas de vida diferenciadas en el uso del espacio y el territorio.
Jurídicamente nuestra propuesta se fundamenta en los derechos colectivos consagrados en Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como el Convenio 169 de la OIT . Es de especial importancia nuestro derecho a la tierra y los recursos naturales: buscamos poner fin al latifundio y a la concentración de la tierra en pocas manos, y al monopolio de los recursos naturales en beneficio de intereses privados.
La estructura del nuevo modelo de Estado Plurinacional implica que los poderes públicos tengan una representación directa de los pueblos y naciones indígenas originarias y campesinas, según usos y costumbres, y de la ciudadanía a través del voto universal. Asimismo tendrá que determinarse la forma como se articularán los distintos niveles de la administración pública y las autonomías territoriales.

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Argentina: Llamado de Blumberg a la seguridad, insegura -- Adolfo Pérez Esquivel

- - - Servicio Informativo "Alai-amlatina" - - -


Argentina: Llamado de Blumberg a la seguridad, insegura

Adolfo Pérez Esquivel

Blumberg y sus aliados han convocado a una marcha por la seguridad, para
el día 31 de agosto. Su reclamo consiste en pedir una policía unificada
a nivel nacional, bajar la edad de imputabilidad de los menores. Dice
que “la marcha será apolítica” y que “no pueden permitir que los menores
sigan asesinando gente”. Otro de los reclamos es el juicio por jurados.

Evidentemente busca soluciones por el camino de la fuerza y lograr que
se sancione en el Congreso una ley para penalizar a los menores, porque
según el ingeniero, “hay que impedir que maten gente”. Podemos
comprender y acompañar ya que ha sufrido una dura experiencia personal
dolorosa como es la pérdida de un hijo, pero hay que tener cuidado de no
generalizar.

Hay organizaciones de familiares víctimas de la violencia social como
AVISE, que reclaman Verdad y Justicia, juicio y castigo a los
responsables, pero lo hacen dentro del marco de la ley y el derecho. Las
leyes vigentes en el país son buenas, lo que falta es aplicarlas
correctamente.

Otro de los problemas planteados por Blumberg, es que según su entender,
los menores matan. Es correcta hasta cierto punto su afirmación, pero
debe entenderse que la pobreza no es un delito, los chicos y chicas en
situación de riesgo social no son delincuentes, son víctimas de una
sociedad injusta y sufren la marginación y la represión.

Es cierto que ha aumentado la inseguridad social, pero no se soluciona
con medidas represivas, poniendo más policías. Ya han intentado bajar la
edad de imputabilidad de los menores, pero quiero recordar que existen
leyes y resoluciones internacionales, como la Convención de la infancia
de las Naciones Unidas que los países miembros tienen la obligación de
respetar y hacer respetar.

Blumberg ha equivocado el camino. Y es peligroso pensar que aplicando la
mano dura resolverá los problemas sociales. Son medidas que llevan al
totalitarismo y al facismo, generando y aumentando el miedo, el
sometimiento y las violaciones de los derechos humanos. Estos planteos
buscan aparentemente mayor seguridad pero generan mayor inseguridad.

La alternativa para superar la violencia y la inseguridad pasa por
generar los espacios de acción social superadores de la pobreza, y
proponer planes educativos y la participación de los jóvenes en la
sociedad.

Muchas de esas políticas están en marcha. El Ministerio de Educación
lleva adelante planes de alfabetización a nivel nacional, el Ministerio
de Desarrollo Social y el de Salud, han implementado planes de
asistencia y promoción humana, muchos municipios llevan adelante
programas de asistencia a la minoridad, atendiendo la salud, educación y
el derecho a una vida digna.

Organismos de derechos humanos y sociales comprometidos con el trabajo
legal y social con menores en riesgo social, vienen desarrollando
planes, programas y proponiendo políticas, a nivel nacional y local.

Hacer creer que la seguridad se logra con mayor represión y sanciones
contra sectores de la población, contra los mal llamados chicos de la
calle, como Blumberg lo ha señalado en su oportunidad, es no querer o no
comprender la situación social.

Sería bueno que toda esa energía puesta en buscar mecanismos de una
seguridad cada vez más insegura que lleva a propuestas represivas y a la
pérdida de los derechos, las use correctamente para impulsar políticas
sociales en bien de todos. Y para ayudar a los más desprotegidos y no
marginarlos, porque tienen los mismos derechos que todo ciudadano.

Y otra cosa que es necesario tener presente es la decisión política del
gobierno nacional y de algunas provincias, no todas, de fortalecer las
instituciones de las fuerzas de seguridad y el rol que éstas deben
cumplir. Debemos recordar que en sus orígenes las fuerzas de seguridad,
fueron constituidas como fuerzas de prevención y seguridad social;
lamentablemente políticas como las que propone Blumberg, es hacer que
continúen actuando como fuerzas de represión, que rechazamos rotundamente.

Vemos que también en las fuerzas de seguridad comienza a comprenderse
esta diferencia y esperamos que, como instituciones al servicio del
pueblo, puedan cumplir sus obligaciones en defensa de la vida, la
dignidad de la persona y el pueblo. Hay signos esperanzadores en esa
dirección que hay que profundizar.

La democracia y los derechos humanos son valores indivisibles y son
espacios a construir ciudadanía con el esfuerzo de todos.

Que la marcha del 31 sea “apolítica”, no se lo cree ni el mismo Blumberg.

Venimos de experiencias muy duras para restablecer el Estado de Derecho
en el país y el respeto a los derechos humanos. Hemos aprendido que nada
es aséptico, la marcha tiene objetivos políticos de establecer espacios
en que la seguridad que proponen es el autoritarismo y no el derecho;
que la policía de “mano dura” reprima y que los jueces juzguen a los
pobres como delincuentes.

Ya conocemos esos mecanismos que buscaron imponer Patti, Bussi, Rico y
los personeros de la dictadura militar. Eso no resuelve el grave
problema que vive el país, heredado de gobiernos incapaces y del saqueo
a que fue sometido.

Es necesario hacer memoria. No es porque sí nomás, que tenemos cerca de
10 millones de personas en situación de pobreza, que mueran niños de
hambre y enfermedades evitables, que haya aumentado el analfabetismo.
Esa es la inseguridad que hoy sufre el país.

Es necesario construir los espacios que garanticen la seguridad social.
Se necesita de un debate nacional para analizar el camino a recorrer y
aportar a la vida y seguridad de nuestro pueblo. Con la represión nada
se construye.

Cada uno debe decidir que hacer. Y quienes participen de la marcha el
día 31deben tener claro los objetivos, analizar que es lo mejor para el
país para no ser sorprendidos en su buena fe.


_____________________________________________
Servicio Informativo "Alai-amlatina"
Agencia Latinoamericana de Informacion - ALAI
info@alainet.org
http://alainet.org

XVI Conferencia Internacional sobre el Sida: -- AMNISTÍA INTERNACIONAL

MNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración Pública

Índice AI: POL 30/037/2006 (Público)
Servicio de Noticias: 217/06
18 de agosto de 2006
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLPOL300372006

XVI Conferencia Internacional sobre el Sida:
Es tiempo de cumplir con los derechos humanos y el VIH/sida


Cuando la XVI Conferencia Internacional sobre el Sida celebrada en Toronto
toca a su fin, Amnistía Internacional emite un llamamiento urgente a los
gobiernos y a la comunidad internacional para que sitúen los derechos humanos
en el centro de las respuestas al VIH/sida.

Después de 25 años de epidemia, no se puede seguir pasando por alto durante
más tiempo la necesidad de enfoques del VIH/sida basados en los derechos
humanos. Los debates que han tenido lugar durante la conferencia –cuyo lema
era “Es tiempo de cumplir”– han puesto de relieve hasta qué punto los
enfoques de derechos humanos son inseparables del éxito de las políticas de
salud públicas. Amnistía Internacional y otras entidades defensoras de los
derechos humanos han llamado la atención sobre ciertas áreas en las que el
incumplimiento por parte de los gobiernos de sus compromisos en materia de
derechos humanos está socavando la eficacia de las respuestas a la pandemia.
Estas áreas incluyen:

Pruebas de VIH. La presión para ampliar las pruebas corre el riesgo de eludir
principios consolidados en relación con el consentimiento informado, el
asesoramiento y la confidencialidad. Aunque muchos proveedores de servicios
apoyan el carácter voluntario del asesoramiento y de las pruebas, algunos
responsables políticos y profesionales de la salud influyentes, entre ellos
representantes gubernamentales y profesionales de la práctica médica,
promueven enfoques que pueden privar a las personas del derecho a tomar su
propia decisión informada. Es necesario extender las pruebas del VIH para
lograr el acceso universal a tratamiento, atención y apoyo para todas las
personas y para contribuir a estrategias de prevención más eficaces. La
ampliación de las pruebas del VIH no puede implicar el menoscabo del derecho
de las personas a la confidencialidad, el asesoramiento y el consentimiento
informado. Las decisiones relativas a las pruebas deben seguir potestad
exclusiva de la persona afectada.

Derechos de las mujeres. La ausencia de empoderamiento social, sexual y
político de las mujeres y la falta de acceso de éstas a los recursos
económicos aumenta la vulnerabilidad de las mujeres al VIH. La violencia por
motivos de género, tanto en el ámbito familiar, en la comunidad y en los
conflictos armados como a manos del Estado, es una pandemia estrechamente
relacionada que incrementa el riesgo de las mujeres a la infección del VIH.
Para abordar con eficacia el VIH/sida, es preciso respetar, proteger y
realizar los derechos de las mujeres, a fin de permitirles protegerse del
riesgo de infección del VIH y fortalecer su capacidad para decidir libremente
sobre asuntos relativos a su sexualidad sin ser objeto de coacción,
discriminación y violencia.

Infraestructuras de salud. En muchos países, sobre todo en el África
subsahariana, numerosos profesionales de la salud mueren a causa del sida o
abandonan su país en busca de mejores oportunidades en el extranjero. La
ampliación de las pruebas y del tratamiento requerirá la mejora de la
formación de los profesionales de la salud y la intensificación de su
compromiso. Los gobiernos deben aplicar estrategias que garanticen el derecho
a la salud de su población manteniendo un sector de la salud competente y
dotado de personal adecuado.

Marginación social. Las personas que ejercen el sexo como profesión, las que
se inyectan drogas, la población reclusa y los hombres que mantienen
relaciones sexuales con hombres siguen haciendo sufriendo exclusión,
discriminación y criminalización, así como a falta de acceso a las condiciones
que permiten a las personas protegerse de la infección de VIH. Es necesario
hacer más para garantizar el acceso pleno de todas las personas a las
herramientas de prevención y a los tratamientos actualmente disponibles. Las
niñas y los niños huérfanos necesitan el compromiso de los gobiernos de
garantizar su educación, seguridad y acceso a los servicios de salud.

Cuando más de 30.000 delegados regresan a sus respectivos países desde Toronto
para llevar a la práctica los conocimientos adquiridos, la necesidad de que la
política de salud pública se inspire en enfoques basados en los derechos
humanos es más evidente que nunca. Sólo el respeto de los derechos humanos
podrá garantizar el éxito de una ampliación equitativa del acceso universal a
tratamiento, atención y prevención.

PLAN DE DESARROLLO FRONTERIZO BOLIVIA-ARGENTINA

http://villazon1.spaces.live.com/blog/

PLAN DE DESARROLLO FRONTERIZO BOLIVIA-ARGENTINA

“Vamos al acuerdo de largo plazo con asuntos accesorios”
Horacio Macedo, embajador de Argentina en Bolivia, sostiene con varios casos que este es el mejor momento de la relación diplomática entre ambos países.

¿Cómo están las relaciones entre Bolivia y Argentina?
Sin duda se encuentran en el momento más importante. Digo que es el mejor momento porque tenemos ya claramente definidas las pautas sobre las que se vienen desarrollando las relaciones bilaterales. Debo destacar los avances en el plan de desarrollo fronterizo y los beneficios que traerá para la gente que vive a ambos lados de la frontera. Advertimos que la relación fronteriza va a tener una intensidad importantísima.

¿En qué consiste el plan de desarrollo fronterizo?
Este plan de desarrollo fronterizo comprende los pasos integrados de frontera. Es decir que la gente tenga la posibilidad de llegar a una oficina en frontera, entrar por la puerta y adentro encontrarse con los funcionarios de aduana, migraciones y gendarmería de la Argentina compartiendo el mismo edificio con la Policía boliviana, con Aduana y Migración de Bolivia. Un solo trámite sale por la otra puerta y se acabó el trámite fronterizo. Es decir, achicar el tiempo de espera en frontera.

En segundo lugar está la construcción de los pasos fronterizos. La Argentina se va a hacer cargo de la construcción del paso fronterizo Salvador Mazza-Yacuiba, Aguas Blancas-Bermejo y otro ansiado paso, La Quiaca-Villazón.

Otro tema fundamental son los aeropuertos binacionales. Nosotros queremos dar uso binacional de aeropuertos. Bolivia en Villazón no tiene aeropuerto pavimentado, Argentina en La Quiaca tiene un aeropuerto a 3.900 metros de altura con casi cuatro kilómetros de extensión que no se usan.

¿Esto quiere decir que Bolivia podría utilizar el aeropuerto de La Quiaca?
Exactamente. Por otra parte, Salvador Mazza no tiene aeropuerto y Yacuiba tiene un hermoso aeropuerto que no se usa por líneas regulares. ¿Qué estamos pretendiendo hacer?, uso binacional de los aeropuertos de La Quiaca y de Yacuiba.

Un tercer tema muy importante es el acuerdo estratégico en materia de energía. Estamos atrás de un acuerdo energético a largo plazo con cuestiones accesorias. Como contraparte de esto, la Argentina y la provincia de Jujuy han dispuesto que ya, en un mes más, se licita el gasoducto desde Miraflores-Abra Pampa hasta la frontera con Bolivia. Este gasoducto nace en la provincia de Jujuy y que va a unir las ciudades de Abra Pampa y Jujuy con La Quiaca, en la frontera con Bolivia. Vamos a gasificar la ciudad de La Quiaca.

¿Qué capacidad tendrá este gasoducto argentino?
La decisión de nuestro presidente es que este gasoducto llegue a frontera con seis pulgadas de diámetro y cien barios de presión para cumplir con la declaración de Sucre, el 2004, y llegar con gas a Tupiza. Entonces, la Argentina tendría la posibilidad de proveer de gas al sur de Bolivia, ya sea con gas argentino o que Bolivia envíe por nuestro gasoducto el gas a Tupiza.

¿En qué quedaron los planes de construcción de la planta de separación de líquidos y la planta de úrea?
La planta de separación de líquidos se construirá en Bolivia, al igual que la planta de úrea. En este último caso, por ejemplo hay 400.000 hectáreas en el noreste argentino que necesitan de ese producto que hoy nosotros compramos de 2.500 kilómetros al sur de donde se produce.

¿Cuándo se inicia la construcción de la planta separadora de líquidos?
El gasoducto GNA tiene como contraparte la construcción de la planta separadora de líquidos y la posibilidad de que Argentina contribuya buscando financiamiento para colaborar con Bolivia en la industrialización de su propio gas natural.

¿Cuándo se licita el gasoducto del noreste argentino?
Hemos firmado el acuerdo marco que el GNA del Noreste Argentino que necesita como contrapartida que se avance en la planta separadora de líquidos para importar gas seco. Mientras que el gasoducto que va a vincular Jujuy con Villazón será licitado en un mes.

Argentina va a pagar cinco dólares por el gas hasta diciembre, ¿y después qué pasa?
Después va a haber una fórmula que tiene que elaborarse entre ambos países, para que así en adelante el precio sea determinado por una ecuación matemática.

¿Cómo aceptó Argentina pagar más por el gas boliviano?
Es una cuestión técnica que excede el marco de mi competencia. Bolivia hizo una oferta que superaba el precio ahora establecido ($us 5). Argentina tuvo sus razones, hubo un momento de discusión, como en todas estas negociaciones y se logró un precio consensuado entre ambos.
Antes de junio, la negociación era de las empresas privadas, donde YPFB determinaba el precio conveniente para los fines fiscales. Era una negociación de empresas vinculadas, que están a los dos lados de la frontera y YPFB hacía de homologador. Ahora viene el viejo contrato de país a país donde los actores son YPFB, de Bolivia, y Enarsa, de Argentina.

¿El tema migratorio también está en los acuerdos?
En Argentina viven muchos bolivianos. El programa Patria Grande, iniciado por la Argentina, permitió dar una flexibilidad enorme y legalizar la situación de los bolivianos. Además, el presidente Morales redujo de 25 a 3 dólares el costo del papeleo en el consulado y permitió que hoy se normalice y legalice la situación de los bolivianos en Argentina. Ahora no existe ningún motivo para no estar con los papeles en regla.

¿Qué planes tienen YPFB y Enarsa?
Entre 18 y 20 proyectos en distintas áreas, desde la posibilidad de hacer exploración juntos en Bolivia hasta hacer un proceso de industrialización de su propio gas.

Fuente:

La Razón

“ Antes las empresas petroleras decidían el precio del gas. Ahora los gobiernos son los que negocian y deciden. ”

New American Century" Lives On -- Tom Barry

Overview

The Project for the New American Century (PNAC) was established in spring 1997. The nonprofit organization declared that its goal was “to promote American global leadership.” PNAC, which has been inactive since late 2005, was an initiative of the New Citizenship Project, whose chairman is William Kristol. PNAC described itself as a “nonprofit educational organization supporting American military, diplomatic, and moral leadership.”

PNAC's board of directors had the following members, as listed on its website as of May 26, 2006: William Kristol (chairman), Robert Kagan, Bruce Jackson, Mark Gerson, and Randy Scheunemann. Staff members: Ellen Bork (acting executive director), Gary Schmitt (senior fellow), Thomas Donnelly (senior fellow), Reuel Gerecht (director of the Middle East Initiative), Timothy Lehmann, (assistant director), and Michael Goldfarb (research associate). 1

PNAC's 1997 “Statement of Principles” set forth a new agenda for foreign and military policy that William Kristol and Robert Kagan described as “neo-Reaganite.” Signatories of this charter document said that they aimed “to make the case and rally support for American global leadership.” 2 Excerpts from the statement follow:

“We seem to have forgotten the essential elements of the Reagan administration's success: a military that is strong and ready to meet both present and future challenges; a foreign policy that boldly and purposefully promotes American principles abroad; and national leadership that accepts the U.S. global responsibilities.

“Of course, the United States must be prudent in how it exercises its power. But we cannot safely avoid the responsibilities of global leadership or the costs that are associated with its exercise. America has a vital role in maintaining peace and security in Europe, Asia, and the Middle East. If we shirk our responsibilities, we invite challenges to our fundamental interests. The history of the 20th century should have taught us that it is important to shape circumstances before crises emerge, and to meet threats before they become dire. The history of this century should have taught us to embrace the cause of American leadership.

“Such a Reaganite policy of military strength and moral clarity may not be fashionable today. But it is necessary if the United States is to build on the successes of this past century and to ensure our security and our greatness in the next.”

History and Impact

From an office in the same building that houses the American Enterprise Institute (AEI) in downtown Washington and with funding from the Bradley Foundation, in 1993 William Kristol established the Project for the Republican Future in anticipation of the 1994 congressional elections. Following the resounding victory of right-wing Republicans, in 1995 he founded the Weekly Standard in the vacated offices of his Project for the Republican Future. In 1996, Kristol and Robert Kagan established PNAC, whose offices are also located in the AEI building and which is also generously supported by the Bradley Foundation. 3

By the time Kristol and Kagan organized PNAC, the widespread conservative frustration at having to endure another four years of Clinton liberals had largely papered over the conservative rift of the late 1980s. Newt Gingrich's “Contract with America” played a key role in unifying conservatives around an almost exclusively domestic agenda of big-government bashing, glorifying traditional family values, and attacking secular humanism. The domestic side of a reinvigorated right wing was coming together nicely in the 1990s, as seen in the winning role played by the Contract with America in ushering in a Republican majority in both houses of Congress under the Clinton presidency.

The right, however, had not recovered from the loss of its chief mobilizing principle: militant anticommunism. Central to the right's role in winning the White House for Ronald Reagan in 1980 was the fusion of three core conservative constituencies: social conservatives, economic libertarians, and national security militarists. In the late 1970s, neoconservatives played a strategic role in engineering this right-wing fusion, providing many of the key intellectual and ideological frameworks for the right wing's expanding counter-establishment and for the right-wing populists.

If they were to reprise this same unifying role in the late 1990s, the neocons knew that the old political messages daring the Democrats to associate themselves with the “L” word of liberalism would no longer suffice. Positioning themselves as New Democrats, Bill Clinton and Al Gore had stolen the neoconservative thunder on free market and big government issues.

To resurrect a right-wing populist movement, the challenge became creating a “neo-Reaganite” agenda—one that would appeal to the same “moral majority” citizens who were still fighting the backlash cultural wars against multiculturalism and the counterculture of the 1960s, citizens who responded to messages about moral clarity and America's mission, and whose sense of patriotism and nationalism could again be rallied to support increased military spending and interventionism abroad. Collectively, the neoconservatives, the Republican Party's hawks, and the social conservatives aimed to awaken America from its slumber to wage the good fight against the forces of evil that were gathering round the world. PNAC's founding statement in 1997 crystallized this new sense of American power and moral mission.

Liberals and progressives might regard PNAC's success at setting a new foreign policy agenda as an example of how the right's unity, messaging skills, networking, and focused political agenda of its small circle of foundations have enabled it to affect radical political change. Recalling the group's origins, PNAC Executive Director Gary Schmitt told a different story: “It is actually just the opposite. We started up precisely because the right was so divided—between the realists and the neo-isolationists.” According to Schmitt, “What we thought was that a tradition that was both more American and more particularly Reaganite had been dropped from the agenda.” 4

That agenda—one of U.S. moral clarity and the exercise of American power against evil—was articulated in 1996 by Kristol and Kagan in their Foreign Affairs essay on creating a neo-Reaganite foreign policy agenda. 5 PNAC, said Schmitt, was the result of Kristol and Kagan's decision to institutionalize their vision.

PNAC struck a discordant note in the dominant political discourse. At a time when most pundits and politicians were caught up in national debates about the price of prescription drugs, the future of social security, and the impact of globalization, PNAC warned of “present dangers” to U.S. national security.

On the whole, however, PNAC's associates, many of whom joined the George W. Bush administration, were hopeful. If conservatives continued to resist “isolationist impulses from within their own ranks” and if a new government adopted the history-tested principle of “peace through strength,” the “greatness” of the United States would be ensured in the next century. If the American people were to again embrace “a Reaganite policy of military strength and moral clarity,” they could look forward to a New American Century. 6

The rhetoric, political tactics, and assumptions about America's moral mission articulated by PNAC all had deep historical resonance. The three signature features of PNAC—the coalition-building to confront the “present danger,” the vision of a planetary Pax Americana, and the laying of nationalist claim to an entire century—were echoes of former visionaries, statesmen, and political leaders.

In raising the alarm about the present danger, PNAC sounded a traditional refrain of post-World War II militarists and internationalists. Since the late 1940s, factions of the U.S. foreign policy elite have stoked the patriotism and paranoia of Americans with warnings about the “present danger” the United States faces if lulled to sleep by dovish political and economic elites. For hawks and ideologues, the term “present danger,” along with the phrase “peace through strength,” has been the recurring rallying cry of those who argue for a more aggressive national security strategy.

In the advent of the 2000 presidential election, PNAC founders Kristol and Kagan, in their edited volume Present Dangers, invoked the words of the Henry Robinson Luce, who before the United States entered World War II predicted that the 20th century could be the “American Century,” if it created “an international moral order.” 7 The combination of military strength, “a vital international economic order” established by the United States, and foreign policy guided by America's God-ordained moral mission would, according to Luce, ensure American supremacy and international peace. 8

PNAC Letters and Statements (1998-2003)

Following its Statement of Principles, PNAC organized several reports and sign-on letters critical of the Clinton administration's foreign and military policy. These letters paralleled initiatives by the Republican majority in Congress to pressure Clinton to increase the military budget, implement a missile defense system, and switch to a more confrontational foreign policy that targeted rogue states. A January 1998 letter to Clinton contended that the only “acceptable policy” vis-à-vis Iraq was “one that eliminates the possibility that Iraq will be able to use or threaten to use weapons of mass destruction. In the near term, this means a willingness to undertake military action as diplomacy is clearly failing. In the long term, it means removing Saddam Hussein and his regime from power. That now needs to become the aim of American foreign policy.” 9

During Clinton's presidency, PNAC organized two sign-on letters to the president (the second one on Milosevic) and one letter to congressional leaders (on Iraq), and it published one statement (on the “Defense of Taiwan”). 10 In 2000, PNAC also published a book and a report, both of which were designed as blueprints for a new U.S. foreign and military policy. Present Dangers included work from many PNAC associates and other neoconservatives. “Rebuilding America's Defenses,” written largely by PNAC's Thomas Donnelly, offered an agenda for military transformation based on Defense Policy Guidance of 1992, the national security strategy written by Paul Wolfowitz, I. Lewis Libby, and Zalmay Khalilzad under the supervision of then-Defense Secretary Dick Cheney.

The 2000 election of George W. Bush enabled PNAC to advance its agenda for the “New American Century.” Many PNAC principals moved into the Pentagon, vice president's office, and State Department. It was not, however, until after September 11, 2001, that the PNAC agenda was fast-forwarded.

On September 20, 2001, PNAC sent an open letter to Bush that commended his newly declared war on terrorism and urged him not only to target Osama bin Laden but also other “perpetrators,” including Saddam Hussein and Hezbollah. The letter made one of the first arguments for regime change in Iraq as part of the war on terror. According to the PNAC letter, “It may be that the Iraqi government provided assistance in some form to the recent attack on the United States. But even if evidence does not link Iraq directly to the attack, any strategy aiming at the eradication of terrorism and its sponsors must include a determined effort to remove Saddam Hussein from power in Iraq. Failure to undertake such an effort will constitute an early and perhaps decisive surrender in the war on international terrorism.”

The letter also pointed out that to undertake this new war, it would be necessary to inject more money into the U.S. defense budget: “A serious and victorious war on terrorism will require a large increase in defense spending. Fighting this war may well require the United States to engage a well-armed foe, and will also require that we remain capable of defending our interests elsewhere in the world. We urge that there be no hesitation in requesting whatever funds for defense are needed to allow us to win this war.”

Including the first PNAC letter on the war on terrorism, PNAC published four letters to Bush from 2001 to 2003. In April 2002, PNAC sent Bush a letter regarding “Israel and the War on Terrorism,” followed on November 25, 2002, by a letter about Hong Kong, and a January 23, 2003 letter on increasing the military budget. In March 2003, PNAC published two statements on “Post-War Iraq.” 11

Latest from PNAC

The most recent PNAC statement was a January 28, 2005 letter addressed to congressional leaders requesting that they “take the steps necessary to increase substantially the size of the active duty Army and Marine Corps.” It was the judgment of the signatories that an increase of 25,000 troops a year would be necessary to meet what Condoleezza Rice described as the country's “generational commitment” to fighting terrorism in the greater Middle East.

According to the letter, “The administration has been reluctant to adapt to this new reality.” But the signatories then countered: “We understand the dangers of continued federal deficits and the fiscal difficulty of increasing the number of troops. But the defense of the United States is the first priority of the government.”

The signatories of the January 2005 letter were: Peter Beinart, Jeffrey Bergner, Daniel Blumenthal, Max Boot, Eliot Cohen, Ivo Daalder, Thomas Donnelly, Michele Flournoy, Frank Gaffney, Reuel Gerecht, Lt. Gen. Buster Glosson (ret.), Bruce Jackson, Frederick Kagan, Robert Kagan, Craig Kennedy, Paul Kennedy, Col. Robert Killebrew (ret.), William Kristol, Will Marshall, Clifford May, Gen. Barry McCaffrey (ret.), Daniel McKivergan, Joshua Muravchik, Steven Nider, Michael O'Hanlon, Mackubin Thomas Owens, Ralph Peters, Danielle Pletka, Stephen Rosen, Maj. Gen. Robert Scales (ret.), Randy Scheunemann, Gary Schmitt, Walter Slocombe, James Steinberg, and James Woolsey.

Although many of the signatories belong to the usual circle of neocons—such as Boot, Cohen, Donnelly, Gaffney, Gerecht, the Kagans, May, Muravchik, Schmitt, and Woolsey—other signatories were such liberal hawks and liberal internationalists as Beinart, Paul Kennedy, Marshall, O'Hanlon, and James Steinberg. 12

Several months earlier, in September 2004, PNAC published an “Open Letter to the Heads of State and Government of the European Union and NATO,” which expressed concern about the domestic and foreign policies of Vladimir Putin's government in Russia. The letter stated: “President Putin's foreign policy is increasingly marked by a threatening attitude toward Russia's neighbors and Europe's energy security, the return of rhetoric of militarism and empire, and by a refusal to comply with Russia's international treaty obligations. In all aspects of Russian political life, the instruments of state power appear to be being rebuilt and the dominance of the security services to grow. We believe that this conduct cannot be accepted as the foundation of a true partnership between Russia and the democracies of NATO and the European Union.” 13

Among the 100 signatories were many prominent neoconservatives, including Boot, Ellen Bork, Donnelly, Carl Gershman, Bruce Jackson, Robert Kagan, Penn Kemble, May, Muravchik, Kristol, Schmitt, Pletka, and Woolsey. Prominent Democrats who signed the letter included Marshall, Steinberg, Joseph Biden, Richard Holbrooke, and Madeleine Albright.

The most recent PNAC report, Iraq: Setting the Record Straight, is an apologia for the disastrous invasion and war. It concludes that Bush's decision to act “derived from a perception of Saddam's intentions and capabilities, both existing and potential, and was grounded in the reality of Saddam's prior behavior.” The authors blame the reporting of the UN inspection teams and U.S. government statements, which they say “left wide gaps in the public understanding of what the president faced on March 18, 2003, and what we have learned since.” PNAC also charges that administration critics “selectively used material in the historical record to reinforce their case against the president's policy.” In other words, PNAC makes no apology for its own role in urging the administration to invade Iraq but rather defends the Bush administration as acting on the best intelligence available. 14

PNAC Loses Traction

PNAC's activities dwindled in 2005, and there have been no postings to its website in 2006. The most recent material under the “What's New” section of its website is from 2005: articles written by PNAC associates Gary Schmitt, Ellen Bork, and Daniel McKivergan, many of which were published in the Weekly Standard. 15

The war on terrorism that followed the 9/11 attacks spawned an array of other neoconservative organizations and front groups that share PNAC's views about U.S. global dominance and whose key figures have been associated with PNAC. Several of these entities—such as the Committee for the Liberation of Iraq, the U.S. Committee on NATO, and the Coalition for Democracy in Iran—were formed as ad hoc pressure groups closely associated with PNAC and have now folded or become dormant. Other groups, notably the Foundation for the Defense of Democracies (FDD), have emerged as major institutions with a staff and budget far larger than PNAC's.

PNAC founders William Kristol and Robert Kagan established PNAC as a political project to set a new agenda for U.S. foreign and military policy. Unlike many of the new neocon-led foreign policy groups, such as the FDD and the Committee on the Present Danger (CPD III), PNAC never had the pretension of being a bipartisan organization. All of PNAC's key figures have been Republicans.

In an administration with a foreign policy team mainly composed of PNAC associates, PNAC's role in setting the foreign policy agenda for the 21st century was largely successful. For the neoconservatives, the new challenge was to forge bipartisan support for this agenda of U.S. supremacy, preventive war, and regime change—focused first and foremost on the Middle East. FDD and the CPD aim to meet this challenge, although both groups are primarily Republican.

Since Bush became president in 2000, and especially after 9/11, the neoconservatives working outside the administration have attempted to set the broad ideological and specific policy directions of the administration's foreign policy. The AEI has functioned as the neoconservatives' main think tank, and Kristol's Weekly Standard is the neocons' main policy magazine. Both AEI and the Weekly Standard have been closely linked to PNAC since its founding, and all three are located in the same office building in Washington, DC.

In the course of the Bush presidency, differences have emerged in the circle of hawks and social conservatives that PNAC brought together in 1997. Some, like Francis Fukuyama, have backed away from the imperialism of PNAC and the neocon camp, and while generally supportive of the Bush administration's stance on the “global war on terror,” many neocons, militarists, and social conservatives have grown increasingly critical of its foreign, military, and domestic policies—creating splits between PNAC associates inside and outside government.

Some of the problems identified in PNAC's 1997 Statement of Principles have come back to undermine conservative unity around foreign policy. The first paragraph of PNAC's statement began with these observations: “ American foreign and defense policy is adrift …” In addition to criticizing “the incoherent policies of the Clinton administration,” conservatives “have also resisted isolationist impulses from within their own ranks. But conservatives have not confidently advanced a strategic vision of America's role in the world. They have not set forth guiding principles for American foreign policy. They have allowed differences over tactics to obscure potential agreement on strategic objectives. And they have not fought for a defense budget that would maintain American security and advance American interests in the new century.”

Main areas of current conservative dispute include immigration policy, stem cell research, levels of troop commitments in Iraq, democratization policy, Israel, and U.S. relations with China, North Korea, and Iran. Although the neocon camp and its allies, including the Rumsfeld-Cheney foreign policy team, are all hardliners with respect to Iran, there are public differences about which groups should receive U.S. assistance. While the leading neocon figures on Iran policy, such as Michael Rubin and Kenneth Timmerman, oppose funding the Mujahedin e-Khalq (MEK), an Iranian cult-like group with militants in Iraq, other players in the Iran policy debate, such as Raymond Tanter and the Iran Policy Committee, are MEK boosters.

Splits have also emerged on Israel, with groups such the Center for Security Policy (CSP) adamantly opposing any return of seized land, while other individuals such as Elliott Abrams cautiously support the policies of former Prime Minister Ariel Sharon and current Prime Minister Ehud Olmert. Another widening divide among neocons surfaced in the immigration debate, with an increasing number of neoconservatives—including Richard Perle, David Frum, and Frank Gaffney—distancing themselves from the neocon historical support for a liberal immigration policy, while others, notably William Kristol, have been sharply critical of social conservatives for their restrictionist positions. Two neoconservative centers—FDD and especially the CSP—have positioned themselves in the restrictionist camp.

These and other splits have eroded the original PNAC coalition of neoconservatives, militarists, and social conservatives, although the CSP, FDD, CPD, and other new groups have established similar coalitions with different memberships. Despite saying that PNAC was modeled after the second incarnation of the Committee on the Present Danger, neither Kristol nor Kagan are members of the newly organized CPD. 16

Funding

From 2000 to 2003, PNAC received $170,000 in grants from several conservative foundations, including the Earhart, Olin, and William J. Donner foundations. 17 From 1994 to 2004, the New Citizenship Project that sponsored PNAC and whose chairman is Kristol, received $3.3 million in grants, largely from the largest right-wing foundations: Bradley, Olin, and the Scaife Foundations. The Bradley Foundation has been PNAC's largest source of foundation support, granting PNAC $700,000 from 1997 to 2004. In its first year of operations, PNAC received grants from Bradley, Sarah Scaife, and Olin foundations. 18

THE PROJECT FOR THE NEW AMERICAN CENTURY / SUPREMACIA NORTEAMERICANA

http://www.newamericancentury.org/

he Project for the New American Century is a non-profit educational organization dedicated to a few fundamental propositions: that American leadership is good both for America and for the world; and that such leadership requires military strength, diplomatic energy and commitment to moral principle.

The Project for the New American Century intends, through issue briefs, research papers, advocacy journalism, conferences, and seminars, to explain what American world leadership entails. It will also strive to rally support for a vigorous and principled policy of American international involvement and to stimulate useful public debate on foreign and defense policy and America's role in the world.

William Kristol, Chairman

THE PROJECT FOR THE
NEW AMERICAN CENTURY

Established in the spring of 1997, the Project for the New American Century is a non-profit, educational organization whose goal is to promote American global leadership. The Project is an initiative of the New Citizenship Project (501c3); the New Citizenship Project's chairman is William Kristol and its president is Gary Schmitt.

Established in the spring of 1997, the Project for the New American Century is a non-profit, educational organization whose goal is to promote American global leadership. The Project is an initiative of the New Citizenship Project (501c3); the New Citizenship Project's chairman is William Kristol and its president is Gary Schmitt.

Project Directors

William Kristol, Chairman
Robert Kagan
Bruce P. Jackson
Mark Gerson
Randy Scheunemann

Project Staff

Ellen Bork, Acting Executive Director
Gary Schmitt, Senior Fellow
Thomas Donnelly, Senior Fellow
Reuel Marc Gerecht, Senior Fellow, Director of the Middle East Initiative
Timothy Lehmann, Assistant Director
Michael Goldfarb, Research Associate

June 3, 1997

American foreign and defense policy is adrift. Conservatives have criticized the incoherent policies of the Clinton Administration. They have also resisted isolationist impulses from within their own ranks. But conservatives have not confidently advanced a strategic vision of America's role in the world. They have not set forth guiding principles for American foreign policy. They have allowed differences over tactics to obscure potential agreement on strategic objectives. And they have not fought for a defense budget that would maintain American security and advance American interests in the new century.

We aim to change this. We aim to make the case and rally support for American global leadership.

As the 20th century draws to a close, the United States stands as the world's preeminent power. Having led the West to victory in the Cold War, America faces an opportunity and a challenge: Does the United States have the vision to build upon the achievements of past decades? Does the United States have the resolve to shape a new century favorable to American principles and interests?

We are in danger of squandering the opportunity and failing the challenge. We are living off the capital -- both the military investments and the foreign policy achievements -- built up by past administrations. Cuts in foreign affairs and defense spending, inattention to the tools of statecraft, and inconstant leadership are making it increasingly difficult to sustain American influence around the world. And the promise of short-term commercial benefits threatens to override strategic considerations. As a consequence, we are jeopardizing the nation's ability to meet present threats and to deal with potentially greater challenges that lie ahead.

We seem to have forgotten the essential elements of the Reagan Administration's success: a military that is strong and ready to meet both present and future challenges; a foreign policy that boldly and purposefully promotes American principles abroad; and national leadership that accepts the United States' global responsibilities.

Of course, the United States must be prudent in how it exercises its power. But we cannot safely avoid the responsibilities of global leadership or the costs that are associated with its exercise. America has a vital role in maintaining peace and security in Europe, Asia, and the Middle East. If we shirk our responsibilities, we invite challenges to our fundamental interests. The history of the 20th century should have taught us that it is important to shape circumstances before crises emerge, and to meet threats before they become dire. The history of this century should have taught us to embrace the cause of American leadership.

Our aim is to remind Americans of these lessons and to draw their consequences for today. Here are four consequences:

• we need to increase defense spending significantly if we are to carry out our global
responsibilities today and modernize our armed forces for the future;

• we need to strengthen our ties to democratic allies and to challenge regimes hostile to our interests and values;

• we need to promote the cause of political and economic freedom abroad;

• we need to accept responsibility for America's unique role in preserving and extending an international order friendly to our security, our prosperity, and our principles.

Such a Reaganite policy of military strength and moral clarity may not be fashionable today. But it is necessary if the United States is to build on the successes of this past century and to ensure our security and our greatness in the next.

Elliott Abrams Gary Bauer William J. Bennett Jeb Bush
Dick Cheney Eliot A. Cohen Midge Decter Paula Dobriansky Steve Forbes
Aaron Friedberg Francis Fukuyama Frank Gaffney Fred C. Ikle
Donald Kagan Zalmay Khalilzad I. Lewis Libby Norman Podhoretz
Dan Quayle Peter W. Rodman Stephen P. Rosen Henry S. Rowen
Donald Rumsfeld Vin Weber George Weigel Paul Wolfowitz

http://www.newamericancentury.org/index.html