Perseguida en el delirio, la vida no cesa, existen muchos mundos más allá de éste y del virtual, existimos en diversas dimensiones naufragando en la cordura. Un saludo desde aquí a los delirantes.
miércoles, 26 de julio de 2006
miércoles, 19 de julio de 2006
Transnacionales españolas en Bolivia: crónica de un saqueo 19-07-2006
19-07-2006
Transnacionales españolas en Bolivia: crónica de un saqueo
Alberto Montero Soler
Viento Sur
BIBLIOGRAFÍA
Hall, D. y Lobina, E. (2002): Privatización del agua en América Latina, 2002. www.psiru.org
Gavaldá, M. (2003): La recolonización. Repsol en América Latina: invasión y resistencias. Icaria Editorial. Barcelona.
Intermon-Oxfam (2004): Repsol-YPF en Bolivia: una isla de prosperidad en medio de la pobreza. www.intermonoxfam.org.
Montero Soler, A. (2006): Pero ¿pensaban que Evo Morales no iba en serio?, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=31588
Montero Soler, A. (2006): Un trío incómodo: Repsol, el gobierno español y la democracia en Bolivia, en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=28416
Poupeau, F. (2002): “Abusos de Aguas del Illimani”, http://www.voltairenet.org/article120518.html
Transnacionales españolas en Bolivia: crónica de un saqueo
Alberto Montero Soler
Viento Sur
La llegada de las empresas transnacionales españolas a Bolivia a partir de la década de los noventa se orientó, esencialmente, hacia los sectores estratégicos de su economía y la compra, total o parcial, de las empresas públicas que operaban en los mismos. Unos sectores en los que la capacidad instalada era suficiente como para no requerir de unos excesivos niveles de inversión de cara a la continuidad de la provisión del bien o servicio público en cuestión y que, al eliminarse la regulación sobre los precios públicos, ofrecían perspectivas de obtención de una elevada rentabilidad.
Pero, además, esa inversión también se orientó hacia otro tipo de sector estratégico: el de la producción/extracción de las abundantes materias primas que posee Bolivia, especialmente hidrocarburos.
En este sector concreto, las elevadas tasas de rentabilidad dependían de una demanda internacional en continua expansión y con expectativas de precios al alza; de una reducida fiscalidad, excesivamente generosa en su intento por atraer inversión exterior; y de su posición estratégica en el centro del continente y, consiguientemente, de la facilidad para la exportación, sobre todo de energía, tanto hacia los miembros del MERCOSUR como de la Comunidad Andina de Naciones.
En este artículo se hará un breve repaso de cuáles son los intereses de las empresas transnacionales de capital mayoritariamente español en Bolivia y de algunas de sus oprobiosas actuaciones que, sin lugar a duda, han repercutido negativamente sobre el bienestar del pueblo boliviano.
Los apagones del sector eléctrico
Una de las primeras transnacionales españolas en llegar a Bolivia fue Unión Fenosa ACEX con su entrada en el sector del transporte eléctrico de alta tensión al comprar, junto a una empresa estadounidense, la empresa pública Transportadora de Electricidad (TDE) en 1997 por 39,9 millones de dólares a pesar de que TDE tenía entonces en el país activos fijos por valor de 124 millones de dólares .
De esa forma, y gracias a las presiones de las empresas privadas que entraron en los sectores de generación y distribución de electricidad, Unión Fenosa pudo adquirir el 69% del capital de TDE, mientras que el Banco Central Hispano compró otro 10%. Varios años después, en 2002, la participación de Unión Fenosa se había revalorizado a tal nivel que pudo venderla a otra transnacional española, Red Eléctrica Internacional, filial del Grupo Red Eléctrica de España, por 90 millones de euros, lo que la convierte en su principal accionista.
Lo sorprendente es que esa revalorización no se justificaba en ningún caso por el nivel de inversión realizado, con sólo 11 millones de dólares invertidos en todo el sector de transporte eléctrico hasta el año 2003. De hecho, es esa falta de inversión la razón que subyace tras los graves apagones que, en julio de 2003, dejaron sin electricidad a La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro, Sucre y Potosí y que, a pesar de que TDE lo calificó como una “simple falla”, pudo ser demostrada su responsabilidad y se le impuso una multa de 360.000 dólares. Una sanción que, en cualquier caso, no provocó los efectos deseados en términos de solución de los problemas por parte de la empresa porque los apagones volvieron a sucederse en esas mismas ciudades en septiembre de 2005.
Por otro lado, las transnacionales españolas también intervienen en el sector de distribución eléctrica al por menor con la presencia mayoritaria del Grupo Iberdrola en dos importantes empresas distribuidoras como son Electropaz -que suministra electricidad a La Paz- y Elfeo -lo hace a Oruro. Ambas compañías, cuyas participaciones fueron adquiridas por un monto de poco más de 65 millones de dólares a finales de 1995, surten actualmente de energía eléctrica, según consta en la memoria del grupo empresarial, a más de 400.000 bolivianos, lo que supone un 37% de la energía distribuida en el país y su facturación en 2005 fue de 65 millones de euros.
Lo que no consta en esa memoria es que la empresa Electropaz tuvo que devolver en 2005 más de 22,5 millones de bolivianos a diferentes municipios de la zona de La Paz por los importes cobrados en exceso en el consumo de electricidad para alumbrado público.
Y es que el dominio de estas y otras empresas transnacionales sobre el sector eléctrico en sus ramas de generación, transporte y distribución buscando la máxima rentabilidad obvia la consideración del acceso a la electricidad como un derecho esencial de todos los bolivianos. Y, así, se da la triste paradoja de que a pesar de que Bolivia cuenta con una capacidad de generación eléctrica de 1.371 millones de watts anuales, casi el doble de un pobre consumo máximo nacional que no supera los 750 millones, sin embargo, el país cuenta con el índice más bajo de Sudamérica de instalación eléctrica en los hogares: la cobertura nacional no llegaba en 2003 al 65% de la población, reduciéndose dramáticamente hasta un 28,3% en las áreas rurales.
Y todo ello en un contexto marcado por unas tarifas que, tras la privatización, fueron indexadas al dólar; en donde la mayor parte de los ingresos de las empresas posee una cláusula de mantenimiento del valor; y en donde se descartan proyectos de electrificación que no son rentables, a pesar de la existencia de demanda social al respecto.
Aeropuertos: cuando sólo interesa lo rentable
La intensidad del proceso privatizador llevó también a otorgar en concesión diferentes empresas de servicios que, por su naturaleza, no podían ser transferidas al sector privado por la vía de la capitalización.
De esa forma, buscando la presunta mayor eficiencia que la gestión privada pudiera aportar a la prestación de determinados servicios, en 1996 se otorgaron concesiones por 25 años para la administración de los servicios en tierra de los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz a la empresa estadounidense “Airport Group International” que, a su vez, creó un año más tarde SABSA (Servicios de Aeropuertos Bolivianos). Ambas empresas entraron a formar parte del Grupo TBI que, a su vez, gestiona ACDL cuyo capital es propiedad de dos transnacionales españolas, Abertis y AENA Internacional con el 90% y el 10% de dicho capital, respectivamente.
En este caso el problema radica en que el capital privado sólo pujó por la prestación de servicios en aquellos aeropuertos que ofrecían una cierta rentabilidad -los tres mencionados- dejando la gestión de los otros casi 50 aeropuertos medianos y pequeños del país a AASANA (Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea).
Esta situación tiene visos de revertirse porque el gobierno boliviano ha anunciado la revisión de esas concesiones y su voluntad de recuperar su gestión en aras a la integración de toda la estructura aeroportuaria en sus diferentes niveles si, tras una auditoría, las empresas concesionarias no realizaron las inversiones a las que en su momento se comprometieron.
El negocio de la educación
El grupo PRISA también tiene intereses en Bolivia en dos sectores de crucial importancia como son el educativo, a través del Grupo Editorial Santillana, y el de los medios de comunicación. En este segundo ámbito, PRISA es el principal accionista de la mayor cadena televisiva de Bolivia, ATB, y edita tres diarios: “La Razón”, en La Paz; “El Nuevo Día”, en Santa Cruz; y “Extra”.
El acceso de Santillana a su posición dominante en el sector de los libros de texto en Bolivia, tras ganar frente a otras editoriales nacionales, varias de las licitaciones internacionales realizadas en el marco del proceso de Reforma Educativa iniciado en Bolivia en 1994 no ha estado plagado de importantes claroscuros.
Y es que tres de esos procesos de licitación fueron adjudicados al grupo Santillana entre 1997 y 2000, durante el mandato del ministro de Educación, Tito Hoz de Vila,.
Hasta aquí nada que cuestionar si no fuera porque, curiosamente, la hija de dicho ex-ministro, María Cristina Hoz de Vila, junto con la hija del ministro boliviano bajo cuyo mandato comenzó el proceso de reforma educativa, Enrique Ipiña Melgar, disfrutaron de una pasantía de un año para realizar prácticas en la sede del grupo Santillana en Madrid. Siendo, también curiosamente y según declaraba el propio Hoz de Vila, las dos únicas pasantes aceptadas en su momento en dicha empresa. Al finalizar la pasantía, la hija de éste fue contratada por Santillana y sigue desempeñando su trabajo en el departamento de Recursos Humanos de dicha empresa.
Junto a estas singulares coincidencias, existe otra vía por la que Santillana podría ver incrementada su presencia en Bolivia en un futuro próximo. Así, no deja de ser también curioso que en la primera visita a España de Evo Morales como Presidente electo, el presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, le ofreciera canjear la deuda que España mantiene con Bolivia por un monto equivalente en proyectos de inversión en educación en aquel país; canje que se vehiculizaría a través de los denominados “créditos FAD”[1].
En este sentido, hay que advertir, ante todo, que estos créditos no dejan de seguir siendo un empréstito y, por lo tanto, deben ser reembolsados, es decir, no implican, en ningún caso, la condonación o perdón de la deuda. Pero, además, esos créditos constituyen un mecanismo indirecto de expansión comercial de las empresas españolas en los países beneficiarios dado que su concesión está indisolublemente vinculada a que el país beneficiario gaste su importe en la adquisición de material educativo ofertado por las empresas del país acreedor[2].
A partir de aquí, las conclusiones -a las que, por otra parte, no es muy difícil llegar- puede extraerlas cada cual de lo leído hasta el momento; sobre todo si se tiene en cuenta que en Bolivia hay tantas necesidades cuyo alivio también podía haber entrado en la oferta del presidente Zapatero. Y, además, cabe también la amplia posibilidad de que esas conclusiones no se distancien demasiado de lo que ocurra finalmente si se recuerda el precedente que supuso la empresa Eductrade, del grupo PRISA y dedicada al campo del equipamiento de material educativo, en tiempos de los gobiernos de Felipe Gónzalez, cuando recibió miles de millones de pesetas en créditos FAD[3].
Ni al agua tienen derecho
La conversión del agua en un bien económico susceptible de apropiación privada y mercantilización pero, además, de decisiva influencia en la geopolítica del futuro han acrecentado el interés de las grandes corporaciones por acceder cuanto antes al control de los recursos hídricos de Bolivia. Ese interés obedece a que, por ejemplo, en 2001 la industria que proporciona servicios de agua alcanzó unos beneficios cercanos al billón de dólares, sensiblemente superiores a los de la industria farmacéutica y casi el 40% de los que se obtienen de la industria del petróleo y que, por su parte, Bolivia es el quinto del mundo en volumen de reservas de agua declaradas y protegidas, con importantísimos potenciales si se tienen en cuenta sus aguas subterráneas.
Así, a instancias del Banco Mundial y bajo su consideración de que la forma de aumentar la disponibilidad de agua es tratándola como un recurso más y no como un bien común cuyo acceso en las mejores condiciones posibles es un derecho humano esencial, se procedió a entregar la concesión para la distribución del agua potable de la ciudad de Cochabamba durante 40 años a la firma Aguas del Tunari en régimen de monopolio. El capital de esta empresa correspondía en un 80% a la empresa Bechtel y en algo menos del 20% a una empresa española del sector, Abengoa.
Las consecuencias sobre las tarifas fueron inmediatas: se incrementaron en algunos casos en un 200%; se ajustaron a la evolución del dólar y se transfirió hacia los usuarios los gastos de instalación de las conexiones[4]. Ese aumento golpeó duramente las economías domésticas de la zona que vieron como su factura de agua llegaba a suponer en torno al 22% de los menos de 100$ al mes que cobra un trabajador medio y provocó una revuelta popular, la denominada “guerra del agua”, que acabó con la rescisión de la concesión a Aguas del Tunari tras varios meses de lucha y un joven de 17 años muerto por un disparo de bala.
Al producirse la rescisión del contrato, Aguas del Tunari demandó al Estado una indemnización de 50 millones de dólares, que posteriormente redujo a la mitad y, ante la negativa del gobierno boliviano a satisfacerla, lo ha demandado ante los tribunales de arbitraje del Banco Mundial.
De esta forma ahora se produce la paradoja de que resulta que la institución que promovió la privatización del servicio, el Banco Mundial, es la que debe resolver el conflicto entre la empresa y el Estado.
Y también resulta muy revelador saber que la empresa en cuestión ha podido acudir a esa instancia de arbitraje internacional porque cambió su domicilio fiscal inicial en las Islas Caimán, esto es, uno de los principales paraísos fiscales del Caribe a Holanda. Este país sí tiene un acuerdo bilateral de protección de inversiones con Bolivia y, por lo tanto, permitía que la empresa pudiera acogerse al tribunal de arbitrajes del Banco Mundial tal y como efectivamente ha hecho.
La otra empresa con capital español también presente en el sector hidrológico en Bolivia es Aguas de Barcelona (Agbar). Esta empresa es propiedad del grupo francés Suez, que controla el 51% del capital de Agbar, y del grupo financiero catalán La Caixa.
El grupo Suez es la transnacional del agua dominante en América Latina en donde controla cientos de empresas relacionadas con la gestión del agua. En Bolivia, participan con una filial, Aguas de Illimani, a quien se le otorgó en 1997 la concesión de los servicios de agua potable y alcantarillado en las ciudades de La Paz y El Alto.
Desde ese momento, los vecinos han denunciado el constante deterioro de la calidad del servicio, la continua elevación de las facturas, la desidia en el mantenimiento de las instalaciones, el aumento de los costes de conexión y, sobre todo, el incumplimiento de sus compromisos de ampliación del servicio a los hogares pobres de El Alto como parte de la política pública estatal en materia de agua.
Ante este último incumplimiento, la argumentación que ofrecía la empresa era que esos consumidores no eran clientes rentables porque consumían muy poco dado que “acostumbrados a la vida campesina andina, eran extremadamente cuidadosos con el agua, sin desperdiciar nunca una gota y, así siguieron después de que se instalaron las llaves de agua en sus casas. Era bueno para conservar el recurso, pero malo para el saldo de Suez, y la compañía se sintió decepcionada por los rendimientos de la inversión”[5].
Todo ello generó que la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE) iniciara una serie de protestas sociales a partir de 2004 solicitando la revisión del contrato y, posteriormente, su expulsión. Las movilizaciones de enero de 2005, motivaron que el presidente boliviano, Carlos Mesa, acabara firmando un decreto de suspensión negociada del contrato. Sin embargo, las presiones de organizaciones internacionales -entre las que destacó las que realizó la agencia de cooperación técnica alemana GTZ- para que el agua fuera gestionada, en el peor de los casos, por una empresa mixta provocaron que Mesa incumpliera su compromiso. La resultante, junto a la defensa de Mesa del papel de las transnacionales del sector de hidrocarburos, fueron nuevas movilizaciones que determinaron la renuncia de Mesa. Su sucesor, Eduardo Rodríguez, solicitó una auditoría integral de la compañía que abarcara tanto el nivel de inversiones realizadas como la calidad del servicio que aún no ha concluido.
Con la llegada a la presidencia de Evo Morales, la situación parece haber dado un giro radical; síntoma inequívoco de que, hasta ese momento, la resolución del problema dependía de una voluntad política que había sido secuestrada por las empresas transnacionales del sector.
Y, así, Bolivia ha iniciado el proceso para retirar sus compromisos de servicios en materia de agua de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio y ha exigido la retirada de todos los servicios de agua de dichos acuerdos. Pero, además, se ha iniciado el proceso para que Aguas de Illimani deje de administrar el servicio de agua potable en La Paz y El Alto y sea sustituida por una empresa pública en donde Estado y organizaciones sociales participen en la definición de las políticas del sector, la toma de decisiones y la fiscalización de la actividad.
La gestión privada de las pensiones
En cuanto al sistema financiero, en Bolivia está presente en estos momentos el grupo BBVA y, hasta hace unos meses, el BSCH. Este último vendió a finales de 2005 su participación en el Banco de Santa Cruz, uno de los mayores grupos financieros bolivianos y ha dejado de tener intereses en el país.
Por su parte, el grupo BBVA ha centrado su actividad en la gestión de los fondos de pensiones privados creados tras el proceso de desmantelamiento del sistema público de reparto que, tras varias reformas parciales, fue transformado con la Ley de Pensiones de noviembre de 1996 en un sistema de capitalización individual con administración privada.
En la actualidad, el grupo Previsión BBVA gestiona las pensiones de más del 54% de los afiliados al sistema de pensiones y, hasta hace apenas unos días, también gestionaba el Fondo de Capitalización Colectiva que es un fondo integrado por el 50% de las acciones de las empresas capitalizadas. Esas acciones se distribuyeron entre la población boliviana con mayoría de edad (21 años) a diciembre de 1995 y sus dividendos permite el pago de un beneficio social denominado Bono Solidaridad (BONOSOL) a todos los bolivianos beneficiarios una vez cumplieran los 65 años de edad. Lo cual no deja de ser una triste y cruel paradoja si se tiene en cuenta que, durante la primera mitad de la década de los noventa, la esperanza de vida al nacer de los bolivianos era de 58 y 53 años para mujeres y hombres, respectivamente[6].
En estos momentos, el gobierno de Evo Morales ha recuperado para el Estado boliviano la gestión de esas acciones.
El sangrante expolio del gas
En cualquier caso, la ominosa presencia de las transnacionales españolas en Bolivia tiene un nombre propio vinculado al sector de los hidrocarburos: Repsol-YPF[7].
La transnacional tiene presencia en el país desde 1995, cuando firmó un contrato de riesgo compartido con YPFB para la explotación del Bloque Securé. Le siguió la asociación con Pérez Companc, Petrobras y Pluspetrol -asociaciones, con estas dos últimas, que sigue manteniendo- para la explotación de nuevos bloques gasíferos. Posteriormente, con la adquisición de YPF a principios de 1999, también pasaba a poseer el 100% de Maxus Bolivia Inc.
Pero, la joya de la corona de Repsol-YPF en Bolivia es la compañía ANDINA S.A. Esta compañía fue creada con la capitalización de una de las dos unidades de producción de YPFB y adquirida inicialmente por tres empresas argentinas: YPF, Pluspetrol y Pérez Companc. En 2001, y tras la absorción de YPF, Repsol adquiriría sus participaciones a las otras dos compañías y pasaría a controlar el 50% del capital y su consejo de administración.
ANDINA es la empresa más importante de exploración y producción de hidrocarburos en Bolivia, alcanzando un 32% de la producción de petróleo y un 43% de la de gas natural del país, mayoritariamente exportado a Brasil. Sus reservas probadas de gas natural, a 31 de diciembre de 2005, son de 665,7 millones de barriles equivalentes de petróleo, explota un total de 22 bloques petroleros que abarcan un total de 4.973.511 hectáreas.
Pero, además, Repsol-YPF también está presente en el sector de la comercialización del gas licuado en el mercado interno a través de la empresa Repsol-YPF Gas de Bolivia SA, de la que controla el 51% de su capital. Esa empresa produce el 45% de la producción total de Gas Licuado de Petróleo (GLP) del país, con la que abastece el 40% del mercado doméstico de GLP envasado y el 60% de GLP a granel.
De lo anterior, cabe deducir intuitivamente que la presencia de Repsol-YPF en Bolivia es muy elevada, no sólo por su implantación en sectores claves para su economía y el bienestar de su pueblo –el de la producción de hidrocarburos, por un lado, y el de la comercialización de una de sus principales fuentes de energía doméstica, por otro- sino también por la magnitud de los recursos que controla.
Desde esa posición de predominio, Repsol-YPF podría haber optado por una estrategia de explotación de los recursos que hubiera repercutido directamente sobre el desarrollo del país y el bienestar de su población, legal y legítima propietaria de los recursos que constituyen la fuente del negocio de dicha compañía. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta y, avalada por el hecho incontestable de que el valor de capitalización bursátil de la compañía es equivalente al doble del PIB boliviano –lo que, a su entender, es ya de por sí un factor capaz de legitimar cualquier actuación- y de que los anteriores gobiernos de Bolivia han favorecido la explotación irrestricta de los recursos aún a costa de la destrucción del medio ambiente y en menoscabo de los modos de vida y de la propia supervivencia de los pueblos originarios, la compañía emprendió, desde su aparición en el país, una estrategia expoliadora que en nada desmerece la de nuestros insignes conquistadores del siglo XVI o la de sus herederos.
Las tropelías, desmanes y abusos de Repsol-YPF han afectado a diferentes ámbitos de la realidad física y social boliviana y se encuentran ampliamente documentadas en numerosos informes y publicaciones.
Sin ánimo de ser exhaustivos, dado lo limitado del espacio, pero con clara intención ejemplificadora, se exponen a continuación a algunas de las denuncias y consecuencias de las actuaciones de esta compañía en Bolivia.
Así, aprovechando que los estándares sociales y medioambientales bolivianos se encuentran por debajo de los reconocidos internacionalmente –producto, por otra parte, de la presión a la que se han visto sometidos sus gobiernos por las mismas transnacionales cuya actividad debía ser objeto de regulación-, Repsol-YPF ha podido explotar bloques gasíferos en territorios indígenas (las denominadas Tierras Comunitarias de Origen en 17 de las cuales posee explotaciones) y en espacios que, necesariamente, deberían encontrarse protegidos por su inestimable riqueza ecológica[8].
La actividad que Repsol-YPF tiene en esos territorios atenta contra los derechos humanos y colectivos de los pueblos originarios que han habitado milenariamente esas zonas y está causando un impacto cultural devastador, imponiendo su lógica cultural y afectando a las tradiciones ancestrales de esos pueblos. Un comportamiento que puede calificarse casi de etnocidio. Pero, además, vulnera la legislación boliviana sobre cuál debe ser su comportamiento en tales territorios; no respeta su obligación de consulta a dichos pueblos sobre las tareas de exploración y explotación que realiza en ellos (protegida por Convenios de la Organización Internacional del Trabajo); e incumple la obligatoriedad de realizar análisis de impacto medioambiental y, cuando los efectúa, desatiende los compromisos adquiridos en los mismos, siendo múltiples las denuncias de contaminación de ríos, bosques y cultivos o la tala masiva de árboles[9].
Todo ello se combina con un desprecio similar hacia las instituciones públicas bolivianas si bien muchas de sus actuaciones han pasado a ser objeto de investigación judicial.
Así, Repsol-YPF enfrenta acusaciones por falsedad contable y fraude tras registrar en la Bolsa de Nueva York como propias el total de las reservas de gas que explota en el país –esto es, casi el 30% de las reservas totales de gas boliviano- sin que mediara ningún contrato de venta del gas o existiera un mercado asegurado para el mismo. Una decisión que tomó aun sabiendo que el art. 139 de la Constitución Boliviana atribuye taxativamente la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos al Estado y que la legislación boliviana sólo permite la inscripción como propia de las reservas cuando media un contrato de venta del gas o existe ya un mercado asegurado. Esa denuncia provocó que la empresa tuviera que reajustar sus reservas mundiales en más de un 25%, de las cuales un 52% del ajuste correspondía a las reservas declaradas en Bolivia, con el consiguiente reajuste en su cotización bursátil (cercana al 8%). Pero, además, que un grupo de accionistas que compraron sus acciones entre el 28 de julio de 2005 y el 27 de enero de 2006, cuando presuntamente realizaron esa inscripción, presentara una demanda en Nueva York contra la compañía por ocultar información adversa sobre sus actividades en Bolivia.
A ello se le suma el que la Aduana Nacional de Bolivia también demandara a la emprea por un presunto delito de contrabando de más de 230 mil barriles crudo cuyo valor superaría los 9 millones de dólares hacia Chile y Argentina[10]. De hecho, el presidente de la compañía, Antoni Brufau, llegó incluso a reconocer que se habían cometido algunos “errores” en la exportación de esos barriles. Un bonito eufemismo para ocultar lo que siempre se ha denominado como contrabando.
Pero no todo ha sido moverse en el delicado ámbito de la presunta ilegalidad, Repsol-YPF también ha utilizado todos los mecanismos que le confería la debilidad del Estado boliviano en el marco de globalización de las operaciones transnacionales para realizar determinadas actividades más que reprobables.
Y, así, no deja de sorprender que en abril de 2004, el gobierno de Carlos Mesa firmara un convenio de aumento del volumen de exportación de gas hacia Argentina a un precio “solidario” (0,98$/Millones de pies cuadrados) porque, presuntamente, el país vecino sufría de desabastecimiento. Un débil argumento para reclamar una reducción del precio si se tiene en cuenta que Argentina es la tercera reserva gasífera de la región y posee un volumen de producción efectiva superior al de Bolivia.
Ese acuerdo que, en principio, revestía la forma de una transacción entre Estados encubría una vía para que las filiales de Repsol-YPF y Petrobras en Bolivia pudieran transferir a muy bajo costo un mayor volumen de sus reservas de gas boliviano a un precio muy reducido a sus filiales en Argentina. Allí, el destino del gas era doble. Por un lado, un mercado nacional mucho más grande y con mayor capacidad adquisitiva; de tal suerte, el gas que se transfería a 0,98$/Mpc se vendía al consumidor argentino a 7,55$/Mpc. Y, por otro lado, impedir que se interrumpieran las exportaciones de gas hacia el mercado chileno, altamente dependiente de dicho recurso energético.
La resultante era, como no es difícil deducir, un negocio altamente lucrativo para las transnacionales que expoliaban a precios irrisorios el gas boliviano para venderlo a terceros países a precios internacionales. Y, por otro lado, una reducción del valor de las exportaciones con lo que Bolivia, no sólo dejaba de ingresar por el menor precio de venta, sino también por el menor volumen de la recaudación impositiva fijada sobre dicho valor.
Pero, además, también constituye una absoluta aberración que el gas que se comercializa a nivel interno se cotice según los estándares internacionales y deba ser pagado a los mismos precios que si en el país no hubiera un solo yacimiento de hidrocarburos.
En este caso, las consecuencias nuevamente recaen sobre el fisco boliviano que tiene que subvencionar un precio más bajo para los consumidores permitiendo que las empresas petroleras disminuyan sus pagos a las arcas públicas y, por lo tanto, desviando esos fondos de otros usos alternativos que podrían contribuir en mayor medida a paliar la situación de miseria en la que vive la mayor parte de la población.
Y todo ello en un país donde las empresas petroleras tienen los costes de producción más bajos del mundo; no tuvieron que pagar por las empresas que adquirieron sino que bastó, simplemente, con unos compromisos de inversión que en numerosos casos no han satisfecho; venían pagando impuestos casi simbólicos, los más bajos de todo el continente; y venden su producción en los mercados interno e internacionales a los precios de este último.
En definitiva, un negocio redondo para Repsol-YPF en Bolivia sobre el que hay pocas cifras, gracias a la ímproba tarea de la compañía por ocultar sus estados financieros, pero sobre el que sus directivos, cuando se reúnen con sus colegas de gremio, no pueden dejar de pavonearse[11].
En cualquier caso, parece que ahora, por fin, las cosas están cambiando en Bolivia gracias a la decidida estrategia de nacionalización de los hidrocarburos emprendida por el nuevo gobierno y cuyos detalles escapan a la intención de este artículo.
Conclusión
A modo de sintética conclusión general y tras esta revisión de cuál ha sido el comportamiento de las empresas transnacionales de capital mayoritariamente español en Bolivia, no es de extrañar que desde aquel país se siga reivindicando el resarcimiento por los siglos de colonización que vivió bajo el yugo del imperio español.
Para ellos, durante los últimos años, sólo han cambiado los actores –ahora más difusos en cuanto a nacionalidad, pero fácilmente identificables y asimilables en cuanto a rapacidad-, porque las dinámicas siguen siendo las mismas y los resultados, la miseria más atroz para la mayor parte de la población, casi idénticos.
Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y colaborador habitual de Rebelión
NOTAS
[1] Una propuesta sobre la que, por otra parte, viene insistiendo el actual gobierno español en cuantas oportunidades se le presentan. De hecho, ha alcanzado acuerdos al respecto con Argentina, por valor de 60 millones de euros, y Brasil.
[2] De hecho, España es el país de la OCDE que mayor porcentaje de su ayuda al desarrollo vincula, a través de estos créditos, a los intereses comerciales de sus empresas.
[3] Fue singularmente llamativa la operación que concedió a Eductrade tres contratos por importe de cerca de 2.000 millones de pesetas en el marco de un proyecto de cooperación con el ministerio de Educación chileno para la venta de materiales educativos. La prensa chilena reveló, años más tarde, que el material escolar adquirido a Eductrasa con cargo a créditos FAD había sido adquirido un 70% de lo que hubiera costado a precios de mercado.
[4] Hall y Lobina (2002)
[5] Hall y Lobina (2002).
[6] Un análisis más detallado en Montero (2006).
[7] Para un análisis exhaustivo de la actividad de REPSOL-YPF en Bolivia es imprescindible el libro de Gavaldá (2003).
[8] Sirva como ejemplo el que Medicos Mundi realizó análisis de muestras de agua en dos explotaciones petroleras de Repsol-YPF sin que en ninguna de ellas se alcanzaran los límites mínimos de potabilidad exigidos por la normativa española y europea. Sin embargo, según la normativa boliviana, el 70% de esas muestras se consideran aptas para su consumo y esta legislación la que Repsol-YPF aplica en sus campos. Un resumen detallado de los efectos que la extracción de hidrocarburos tiene sobre la salud de las comunidades vecinas puede encontrarse en el estudio de Intermon-Oxfam (2004).
[9] “Impactos ambientales, sociales y culturales de Repsol YPF en territorios indígenas de Bolivia”, Monitoreo Indígena Independiente - Asamblea del Pueblo Guaraní. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=28625
[10] Puede encontrarse más información al respecto en Montero (2006).
[11] No otro puede ser el sentido de las palabras de Roberto Mallea, uno de sus ejecutivos, en el III Congreso Latinoamericano y del Caribe de Gas y Electricidad cuando afirmaba, sin ningún pudor, que “la rentabilidad en la industria del gas en Bolivia es sumamente alta; por cada dólar invertido, la empresa petrolera gana 10 dólares. En el sector hidrocarburífero, la rentabilidad es buena cuando es tres a uno, qué decir entonces de una rentabilidad de 10 a uno dentro de la industria petrolera que se da en Bolivia”. Intermon-Oxfam (2004, p.27).
Pero, además, esa inversión también se orientó hacia otro tipo de sector estratégico: el de la producción/extracción de las abundantes materias primas que posee Bolivia, especialmente hidrocarburos.
En este sector concreto, las elevadas tasas de rentabilidad dependían de una demanda internacional en continua expansión y con expectativas de precios al alza; de una reducida fiscalidad, excesivamente generosa en su intento por atraer inversión exterior; y de su posición estratégica en el centro del continente y, consiguientemente, de la facilidad para la exportación, sobre todo de energía, tanto hacia los miembros del MERCOSUR como de la Comunidad Andina de Naciones.
En este artículo se hará un breve repaso de cuáles son los intereses de las empresas transnacionales de capital mayoritariamente español en Bolivia y de algunas de sus oprobiosas actuaciones que, sin lugar a duda, han repercutido negativamente sobre el bienestar del pueblo boliviano.
Los apagones del sector eléctrico
Una de las primeras transnacionales españolas en llegar a Bolivia fue Unión Fenosa ACEX con su entrada en el sector del transporte eléctrico de alta tensión al comprar, junto a una empresa estadounidense, la empresa pública Transportadora de Electricidad (TDE) en 1997 por 39,9 millones de dólares a pesar de que TDE tenía entonces en el país activos fijos por valor de 124 millones de dólares .
De esa forma, y gracias a las presiones de las empresas privadas que entraron en los sectores de generación y distribución de electricidad, Unión Fenosa pudo adquirir el 69% del capital de TDE, mientras que el Banco Central Hispano compró otro 10%. Varios años después, en 2002, la participación de Unión Fenosa se había revalorizado a tal nivel que pudo venderla a otra transnacional española, Red Eléctrica Internacional, filial del Grupo Red Eléctrica de España, por 90 millones de euros, lo que la convierte en su principal accionista.
Lo sorprendente es que esa revalorización no se justificaba en ningún caso por el nivel de inversión realizado, con sólo 11 millones de dólares invertidos en todo el sector de transporte eléctrico hasta el año 2003. De hecho, es esa falta de inversión la razón que subyace tras los graves apagones que, en julio de 2003, dejaron sin electricidad a La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro, Sucre y Potosí y que, a pesar de que TDE lo calificó como una “simple falla”, pudo ser demostrada su responsabilidad y se le impuso una multa de 360.000 dólares. Una sanción que, en cualquier caso, no provocó los efectos deseados en términos de solución de los problemas por parte de la empresa porque los apagones volvieron a sucederse en esas mismas ciudades en septiembre de 2005.
Por otro lado, las transnacionales españolas también intervienen en el sector de distribución eléctrica al por menor con la presencia mayoritaria del Grupo Iberdrola en dos importantes empresas distribuidoras como son Electropaz -que suministra electricidad a La Paz- y Elfeo -lo hace a Oruro. Ambas compañías, cuyas participaciones fueron adquiridas por un monto de poco más de 65 millones de dólares a finales de 1995, surten actualmente de energía eléctrica, según consta en la memoria del grupo empresarial, a más de 400.000 bolivianos, lo que supone un 37% de la energía distribuida en el país y su facturación en 2005 fue de 65 millones de euros.
Lo que no consta en esa memoria es que la empresa Electropaz tuvo que devolver en 2005 más de 22,5 millones de bolivianos a diferentes municipios de la zona de La Paz por los importes cobrados en exceso en el consumo de electricidad para alumbrado público.
Y es que el dominio de estas y otras empresas transnacionales sobre el sector eléctrico en sus ramas de generación, transporte y distribución buscando la máxima rentabilidad obvia la consideración del acceso a la electricidad como un derecho esencial de todos los bolivianos. Y, así, se da la triste paradoja de que a pesar de que Bolivia cuenta con una capacidad de generación eléctrica de 1.371 millones de watts anuales, casi el doble de un pobre consumo máximo nacional que no supera los 750 millones, sin embargo, el país cuenta con el índice más bajo de Sudamérica de instalación eléctrica en los hogares: la cobertura nacional no llegaba en 2003 al 65% de la población, reduciéndose dramáticamente hasta un 28,3% en las áreas rurales.
Y todo ello en un contexto marcado por unas tarifas que, tras la privatización, fueron indexadas al dólar; en donde la mayor parte de los ingresos de las empresas posee una cláusula de mantenimiento del valor; y en donde se descartan proyectos de electrificación que no son rentables, a pesar de la existencia de demanda social al respecto.
Aeropuertos: cuando sólo interesa lo rentable
La intensidad del proceso privatizador llevó también a otorgar en concesión diferentes empresas de servicios que, por su naturaleza, no podían ser transferidas al sector privado por la vía de la capitalización.
De esa forma, buscando la presunta mayor eficiencia que la gestión privada pudiera aportar a la prestación de determinados servicios, en 1996 se otorgaron concesiones por 25 años para la administración de los servicios en tierra de los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz a la empresa estadounidense “Airport Group International” que, a su vez, creó un año más tarde SABSA (Servicios de Aeropuertos Bolivianos). Ambas empresas entraron a formar parte del Grupo TBI que, a su vez, gestiona ACDL cuyo capital es propiedad de dos transnacionales españolas, Abertis y AENA Internacional con el 90% y el 10% de dicho capital, respectivamente.
En este caso el problema radica en que el capital privado sólo pujó por la prestación de servicios en aquellos aeropuertos que ofrecían una cierta rentabilidad -los tres mencionados- dejando la gestión de los otros casi 50 aeropuertos medianos y pequeños del país a AASANA (Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea).
Esta situación tiene visos de revertirse porque el gobierno boliviano ha anunciado la revisión de esas concesiones y su voluntad de recuperar su gestión en aras a la integración de toda la estructura aeroportuaria en sus diferentes niveles si, tras una auditoría, las empresas concesionarias no realizaron las inversiones a las que en su momento se comprometieron.
El negocio de la educación
El grupo PRISA también tiene intereses en Bolivia en dos sectores de crucial importancia como son el educativo, a través del Grupo Editorial Santillana, y el de los medios de comunicación. En este segundo ámbito, PRISA es el principal accionista de la mayor cadena televisiva de Bolivia, ATB, y edita tres diarios: “La Razón”, en La Paz; “El Nuevo Día”, en Santa Cruz; y “Extra”.
El acceso de Santillana a su posición dominante en el sector de los libros de texto en Bolivia, tras ganar frente a otras editoriales nacionales, varias de las licitaciones internacionales realizadas en el marco del proceso de Reforma Educativa iniciado en Bolivia en 1994 no ha estado plagado de importantes claroscuros.
Y es que tres de esos procesos de licitación fueron adjudicados al grupo Santillana entre 1997 y 2000, durante el mandato del ministro de Educación, Tito Hoz de Vila,.
Hasta aquí nada que cuestionar si no fuera porque, curiosamente, la hija de dicho ex-ministro, María Cristina Hoz de Vila, junto con la hija del ministro boliviano bajo cuyo mandato comenzó el proceso de reforma educativa, Enrique Ipiña Melgar, disfrutaron de una pasantía de un año para realizar prácticas en la sede del grupo Santillana en Madrid. Siendo, también curiosamente y según declaraba el propio Hoz de Vila, las dos únicas pasantes aceptadas en su momento en dicha empresa. Al finalizar la pasantía, la hija de éste fue contratada por Santillana y sigue desempeñando su trabajo en el departamento de Recursos Humanos de dicha empresa.
Junto a estas singulares coincidencias, existe otra vía por la que Santillana podría ver incrementada su presencia en Bolivia en un futuro próximo. Así, no deja de ser también curioso que en la primera visita a España de Evo Morales como Presidente electo, el presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, le ofreciera canjear la deuda que España mantiene con Bolivia por un monto equivalente en proyectos de inversión en educación en aquel país; canje que se vehiculizaría a través de los denominados “créditos FAD”[1].
En este sentido, hay que advertir, ante todo, que estos créditos no dejan de seguir siendo un empréstito y, por lo tanto, deben ser reembolsados, es decir, no implican, en ningún caso, la condonación o perdón de la deuda. Pero, además, esos créditos constituyen un mecanismo indirecto de expansión comercial de las empresas españolas en los países beneficiarios dado que su concesión está indisolublemente vinculada a que el país beneficiario gaste su importe en la adquisición de material educativo ofertado por las empresas del país acreedor[2].
A partir de aquí, las conclusiones -a las que, por otra parte, no es muy difícil llegar- puede extraerlas cada cual de lo leído hasta el momento; sobre todo si se tiene en cuenta que en Bolivia hay tantas necesidades cuyo alivio también podía haber entrado en la oferta del presidente Zapatero. Y, además, cabe también la amplia posibilidad de que esas conclusiones no se distancien demasiado de lo que ocurra finalmente si se recuerda el precedente que supuso la empresa Eductrade, del grupo PRISA y dedicada al campo del equipamiento de material educativo, en tiempos de los gobiernos de Felipe Gónzalez, cuando recibió miles de millones de pesetas en créditos FAD[3].
Ni al agua tienen derecho
La conversión del agua en un bien económico susceptible de apropiación privada y mercantilización pero, además, de decisiva influencia en la geopolítica del futuro han acrecentado el interés de las grandes corporaciones por acceder cuanto antes al control de los recursos hídricos de Bolivia. Ese interés obedece a que, por ejemplo, en 2001 la industria que proporciona servicios de agua alcanzó unos beneficios cercanos al billón de dólares, sensiblemente superiores a los de la industria farmacéutica y casi el 40% de los que se obtienen de la industria del petróleo y que, por su parte, Bolivia es el quinto del mundo en volumen de reservas de agua declaradas y protegidas, con importantísimos potenciales si se tienen en cuenta sus aguas subterráneas.
Así, a instancias del Banco Mundial y bajo su consideración de que la forma de aumentar la disponibilidad de agua es tratándola como un recurso más y no como un bien común cuyo acceso en las mejores condiciones posibles es un derecho humano esencial, se procedió a entregar la concesión para la distribución del agua potable de la ciudad de Cochabamba durante 40 años a la firma Aguas del Tunari en régimen de monopolio. El capital de esta empresa correspondía en un 80% a la empresa Bechtel y en algo menos del 20% a una empresa española del sector, Abengoa.
Las consecuencias sobre las tarifas fueron inmediatas: se incrementaron en algunos casos en un 200%; se ajustaron a la evolución del dólar y se transfirió hacia los usuarios los gastos de instalación de las conexiones[4]. Ese aumento golpeó duramente las economías domésticas de la zona que vieron como su factura de agua llegaba a suponer en torno al 22% de los menos de 100$ al mes que cobra un trabajador medio y provocó una revuelta popular, la denominada “guerra del agua”, que acabó con la rescisión de la concesión a Aguas del Tunari tras varios meses de lucha y un joven de 17 años muerto por un disparo de bala.
Al producirse la rescisión del contrato, Aguas del Tunari demandó al Estado una indemnización de 50 millones de dólares, que posteriormente redujo a la mitad y, ante la negativa del gobierno boliviano a satisfacerla, lo ha demandado ante los tribunales de arbitraje del Banco Mundial.
De esta forma ahora se produce la paradoja de que resulta que la institución que promovió la privatización del servicio, el Banco Mundial, es la que debe resolver el conflicto entre la empresa y el Estado.
Y también resulta muy revelador saber que la empresa en cuestión ha podido acudir a esa instancia de arbitraje internacional porque cambió su domicilio fiscal inicial en las Islas Caimán, esto es, uno de los principales paraísos fiscales del Caribe a Holanda. Este país sí tiene un acuerdo bilateral de protección de inversiones con Bolivia y, por lo tanto, permitía que la empresa pudiera acogerse al tribunal de arbitrajes del Banco Mundial tal y como efectivamente ha hecho.
La otra empresa con capital español también presente en el sector hidrológico en Bolivia es Aguas de Barcelona (Agbar). Esta empresa es propiedad del grupo francés Suez, que controla el 51% del capital de Agbar, y del grupo financiero catalán La Caixa.
El grupo Suez es la transnacional del agua dominante en América Latina en donde controla cientos de empresas relacionadas con la gestión del agua. En Bolivia, participan con una filial, Aguas de Illimani, a quien se le otorgó en 1997 la concesión de los servicios de agua potable y alcantarillado en las ciudades de La Paz y El Alto.
Desde ese momento, los vecinos han denunciado el constante deterioro de la calidad del servicio, la continua elevación de las facturas, la desidia en el mantenimiento de las instalaciones, el aumento de los costes de conexión y, sobre todo, el incumplimiento de sus compromisos de ampliación del servicio a los hogares pobres de El Alto como parte de la política pública estatal en materia de agua.
Ante este último incumplimiento, la argumentación que ofrecía la empresa era que esos consumidores no eran clientes rentables porque consumían muy poco dado que “acostumbrados a la vida campesina andina, eran extremadamente cuidadosos con el agua, sin desperdiciar nunca una gota y, así siguieron después de que se instalaron las llaves de agua en sus casas. Era bueno para conservar el recurso, pero malo para el saldo de Suez, y la compañía se sintió decepcionada por los rendimientos de la inversión”[5].
Todo ello generó que la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE) iniciara una serie de protestas sociales a partir de 2004 solicitando la revisión del contrato y, posteriormente, su expulsión. Las movilizaciones de enero de 2005, motivaron que el presidente boliviano, Carlos Mesa, acabara firmando un decreto de suspensión negociada del contrato. Sin embargo, las presiones de organizaciones internacionales -entre las que destacó las que realizó la agencia de cooperación técnica alemana GTZ- para que el agua fuera gestionada, en el peor de los casos, por una empresa mixta provocaron que Mesa incumpliera su compromiso. La resultante, junto a la defensa de Mesa del papel de las transnacionales del sector de hidrocarburos, fueron nuevas movilizaciones que determinaron la renuncia de Mesa. Su sucesor, Eduardo Rodríguez, solicitó una auditoría integral de la compañía que abarcara tanto el nivel de inversiones realizadas como la calidad del servicio que aún no ha concluido.
Con la llegada a la presidencia de Evo Morales, la situación parece haber dado un giro radical; síntoma inequívoco de que, hasta ese momento, la resolución del problema dependía de una voluntad política que había sido secuestrada por las empresas transnacionales del sector.
Y, así, Bolivia ha iniciado el proceso para retirar sus compromisos de servicios en materia de agua de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio y ha exigido la retirada de todos los servicios de agua de dichos acuerdos. Pero, además, se ha iniciado el proceso para que Aguas de Illimani deje de administrar el servicio de agua potable en La Paz y El Alto y sea sustituida por una empresa pública en donde Estado y organizaciones sociales participen en la definición de las políticas del sector, la toma de decisiones y la fiscalización de la actividad.
La gestión privada de las pensiones
En cuanto al sistema financiero, en Bolivia está presente en estos momentos el grupo BBVA y, hasta hace unos meses, el BSCH. Este último vendió a finales de 2005 su participación en el Banco de Santa Cruz, uno de los mayores grupos financieros bolivianos y ha dejado de tener intereses en el país.
Por su parte, el grupo BBVA ha centrado su actividad en la gestión de los fondos de pensiones privados creados tras el proceso de desmantelamiento del sistema público de reparto que, tras varias reformas parciales, fue transformado con la Ley de Pensiones de noviembre de 1996 en un sistema de capitalización individual con administración privada.
En la actualidad, el grupo Previsión BBVA gestiona las pensiones de más del 54% de los afiliados al sistema de pensiones y, hasta hace apenas unos días, también gestionaba el Fondo de Capitalización Colectiva que es un fondo integrado por el 50% de las acciones de las empresas capitalizadas. Esas acciones se distribuyeron entre la población boliviana con mayoría de edad (21 años) a diciembre de 1995 y sus dividendos permite el pago de un beneficio social denominado Bono Solidaridad (BONOSOL) a todos los bolivianos beneficiarios una vez cumplieran los 65 años de edad. Lo cual no deja de ser una triste y cruel paradoja si se tiene en cuenta que, durante la primera mitad de la década de los noventa, la esperanza de vida al nacer de los bolivianos era de 58 y 53 años para mujeres y hombres, respectivamente[6].
En estos momentos, el gobierno de Evo Morales ha recuperado para el Estado boliviano la gestión de esas acciones.
El sangrante expolio del gas
En cualquier caso, la ominosa presencia de las transnacionales españolas en Bolivia tiene un nombre propio vinculado al sector de los hidrocarburos: Repsol-YPF[7].
La transnacional tiene presencia en el país desde 1995, cuando firmó un contrato de riesgo compartido con YPFB para la explotación del Bloque Securé. Le siguió la asociación con Pérez Companc, Petrobras y Pluspetrol -asociaciones, con estas dos últimas, que sigue manteniendo- para la explotación de nuevos bloques gasíferos. Posteriormente, con la adquisición de YPF a principios de 1999, también pasaba a poseer el 100% de Maxus Bolivia Inc.
Pero, la joya de la corona de Repsol-YPF en Bolivia es la compañía ANDINA S.A. Esta compañía fue creada con la capitalización de una de las dos unidades de producción de YPFB y adquirida inicialmente por tres empresas argentinas: YPF, Pluspetrol y Pérez Companc. En 2001, y tras la absorción de YPF, Repsol adquiriría sus participaciones a las otras dos compañías y pasaría a controlar el 50% del capital y su consejo de administración.
ANDINA es la empresa más importante de exploración y producción de hidrocarburos en Bolivia, alcanzando un 32% de la producción de petróleo y un 43% de la de gas natural del país, mayoritariamente exportado a Brasil. Sus reservas probadas de gas natural, a 31 de diciembre de 2005, son de 665,7 millones de barriles equivalentes de petróleo, explota un total de 22 bloques petroleros que abarcan un total de 4.973.511 hectáreas.
Pero, además, Repsol-YPF también está presente en el sector de la comercialización del gas licuado en el mercado interno a través de la empresa Repsol-YPF Gas de Bolivia SA, de la que controla el 51% de su capital. Esa empresa produce el 45% de la producción total de Gas Licuado de Petróleo (GLP) del país, con la que abastece el 40% del mercado doméstico de GLP envasado y el 60% de GLP a granel.
De lo anterior, cabe deducir intuitivamente que la presencia de Repsol-YPF en Bolivia es muy elevada, no sólo por su implantación en sectores claves para su economía y el bienestar de su pueblo –el de la producción de hidrocarburos, por un lado, y el de la comercialización de una de sus principales fuentes de energía doméstica, por otro- sino también por la magnitud de los recursos que controla.
Desde esa posición de predominio, Repsol-YPF podría haber optado por una estrategia de explotación de los recursos que hubiera repercutido directamente sobre el desarrollo del país y el bienestar de su población, legal y legítima propietaria de los recursos que constituyen la fuente del negocio de dicha compañía. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta y, avalada por el hecho incontestable de que el valor de capitalización bursátil de la compañía es equivalente al doble del PIB boliviano –lo que, a su entender, es ya de por sí un factor capaz de legitimar cualquier actuación- y de que los anteriores gobiernos de Bolivia han favorecido la explotación irrestricta de los recursos aún a costa de la destrucción del medio ambiente y en menoscabo de los modos de vida y de la propia supervivencia de los pueblos originarios, la compañía emprendió, desde su aparición en el país, una estrategia expoliadora que en nada desmerece la de nuestros insignes conquistadores del siglo XVI o la de sus herederos.
Las tropelías, desmanes y abusos de Repsol-YPF han afectado a diferentes ámbitos de la realidad física y social boliviana y se encuentran ampliamente documentadas en numerosos informes y publicaciones.
Sin ánimo de ser exhaustivos, dado lo limitado del espacio, pero con clara intención ejemplificadora, se exponen a continuación a algunas de las denuncias y consecuencias de las actuaciones de esta compañía en Bolivia.
Así, aprovechando que los estándares sociales y medioambientales bolivianos se encuentran por debajo de los reconocidos internacionalmente –producto, por otra parte, de la presión a la que se han visto sometidos sus gobiernos por las mismas transnacionales cuya actividad debía ser objeto de regulación-, Repsol-YPF ha podido explotar bloques gasíferos en territorios indígenas (las denominadas Tierras Comunitarias de Origen en 17 de las cuales posee explotaciones) y en espacios que, necesariamente, deberían encontrarse protegidos por su inestimable riqueza ecológica[8].
La actividad que Repsol-YPF tiene en esos territorios atenta contra los derechos humanos y colectivos de los pueblos originarios que han habitado milenariamente esas zonas y está causando un impacto cultural devastador, imponiendo su lógica cultural y afectando a las tradiciones ancestrales de esos pueblos. Un comportamiento que puede calificarse casi de etnocidio. Pero, además, vulnera la legislación boliviana sobre cuál debe ser su comportamiento en tales territorios; no respeta su obligación de consulta a dichos pueblos sobre las tareas de exploración y explotación que realiza en ellos (protegida por Convenios de la Organización Internacional del Trabajo); e incumple la obligatoriedad de realizar análisis de impacto medioambiental y, cuando los efectúa, desatiende los compromisos adquiridos en los mismos, siendo múltiples las denuncias de contaminación de ríos, bosques y cultivos o la tala masiva de árboles[9].
Todo ello se combina con un desprecio similar hacia las instituciones públicas bolivianas si bien muchas de sus actuaciones han pasado a ser objeto de investigación judicial.
Así, Repsol-YPF enfrenta acusaciones por falsedad contable y fraude tras registrar en la Bolsa de Nueva York como propias el total de las reservas de gas que explota en el país –esto es, casi el 30% de las reservas totales de gas boliviano- sin que mediara ningún contrato de venta del gas o existiera un mercado asegurado para el mismo. Una decisión que tomó aun sabiendo que el art. 139 de la Constitución Boliviana atribuye taxativamente la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos al Estado y que la legislación boliviana sólo permite la inscripción como propia de las reservas cuando media un contrato de venta del gas o existe ya un mercado asegurado. Esa denuncia provocó que la empresa tuviera que reajustar sus reservas mundiales en más de un 25%, de las cuales un 52% del ajuste correspondía a las reservas declaradas en Bolivia, con el consiguiente reajuste en su cotización bursátil (cercana al 8%). Pero, además, que un grupo de accionistas que compraron sus acciones entre el 28 de julio de 2005 y el 27 de enero de 2006, cuando presuntamente realizaron esa inscripción, presentara una demanda en Nueva York contra la compañía por ocultar información adversa sobre sus actividades en Bolivia.
A ello se le suma el que la Aduana Nacional de Bolivia también demandara a la emprea por un presunto delito de contrabando de más de 230 mil barriles crudo cuyo valor superaría los 9 millones de dólares hacia Chile y Argentina[10]. De hecho, el presidente de la compañía, Antoni Brufau, llegó incluso a reconocer que se habían cometido algunos “errores” en la exportación de esos barriles. Un bonito eufemismo para ocultar lo que siempre se ha denominado como contrabando.
Pero no todo ha sido moverse en el delicado ámbito de la presunta ilegalidad, Repsol-YPF también ha utilizado todos los mecanismos que le confería la debilidad del Estado boliviano en el marco de globalización de las operaciones transnacionales para realizar determinadas actividades más que reprobables.
Y, así, no deja de sorprender que en abril de 2004, el gobierno de Carlos Mesa firmara un convenio de aumento del volumen de exportación de gas hacia Argentina a un precio “solidario” (0,98$/Millones de pies cuadrados) porque, presuntamente, el país vecino sufría de desabastecimiento. Un débil argumento para reclamar una reducción del precio si se tiene en cuenta que Argentina es la tercera reserva gasífera de la región y posee un volumen de producción efectiva superior al de Bolivia.
Ese acuerdo que, en principio, revestía la forma de una transacción entre Estados encubría una vía para que las filiales de Repsol-YPF y Petrobras en Bolivia pudieran transferir a muy bajo costo un mayor volumen de sus reservas de gas boliviano a un precio muy reducido a sus filiales en Argentina. Allí, el destino del gas era doble. Por un lado, un mercado nacional mucho más grande y con mayor capacidad adquisitiva; de tal suerte, el gas que se transfería a 0,98$/Mpc se vendía al consumidor argentino a 7,55$/Mpc. Y, por otro lado, impedir que se interrumpieran las exportaciones de gas hacia el mercado chileno, altamente dependiente de dicho recurso energético.
La resultante era, como no es difícil deducir, un negocio altamente lucrativo para las transnacionales que expoliaban a precios irrisorios el gas boliviano para venderlo a terceros países a precios internacionales. Y, por otro lado, una reducción del valor de las exportaciones con lo que Bolivia, no sólo dejaba de ingresar por el menor precio de venta, sino también por el menor volumen de la recaudación impositiva fijada sobre dicho valor.
Pero, además, también constituye una absoluta aberración que el gas que se comercializa a nivel interno se cotice según los estándares internacionales y deba ser pagado a los mismos precios que si en el país no hubiera un solo yacimiento de hidrocarburos.
En este caso, las consecuencias nuevamente recaen sobre el fisco boliviano que tiene que subvencionar un precio más bajo para los consumidores permitiendo que las empresas petroleras disminuyan sus pagos a las arcas públicas y, por lo tanto, desviando esos fondos de otros usos alternativos que podrían contribuir en mayor medida a paliar la situación de miseria en la que vive la mayor parte de la población.
Y todo ello en un país donde las empresas petroleras tienen los costes de producción más bajos del mundo; no tuvieron que pagar por las empresas que adquirieron sino que bastó, simplemente, con unos compromisos de inversión que en numerosos casos no han satisfecho; venían pagando impuestos casi simbólicos, los más bajos de todo el continente; y venden su producción en los mercados interno e internacionales a los precios de este último.
En definitiva, un negocio redondo para Repsol-YPF en Bolivia sobre el que hay pocas cifras, gracias a la ímproba tarea de la compañía por ocultar sus estados financieros, pero sobre el que sus directivos, cuando se reúnen con sus colegas de gremio, no pueden dejar de pavonearse[11].
En cualquier caso, parece que ahora, por fin, las cosas están cambiando en Bolivia gracias a la decidida estrategia de nacionalización de los hidrocarburos emprendida por el nuevo gobierno y cuyos detalles escapan a la intención de este artículo.
Conclusión
A modo de sintética conclusión general y tras esta revisión de cuál ha sido el comportamiento de las empresas transnacionales de capital mayoritariamente español en Bolivia, no es de extrañar que desde aquel país se siga reivindicando el resarcimiento por los siglos de colonización que vivió bajo el yugo del imperio español.
Para ellos, durante los últimos años, sólo han cambiado los actores –ahora más difusos en cuanto a nacionalidad, pero fácilmente identificables y asimilables en cuanto a rapacidad-, porque las dinámicas siguen siendo las mismas y los resultados, la miseria más atroz para la mayor parte de la población, casi idénticos.
Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y colaborador habitual de Rebelión
NOTAS
[1] Una propuesta sobre la que, por otra parte, viene insistiendo el actual gobierno español en cuantas oportunidades se le presentan. De hecho, ha alcanzado acuerdos al respecto con Argentina, por valor de 60 millones de euros, y Brasil.
[2] De hecho, España es el país de la OCDE que mayor porcentaje de su ayuda al desarrollo vincula, a través de estos créditos, a los intereses comerciales de sus empresas.
[3] Fue singularmente llamativa la operación que concedió a Eductrade tres contratos por importe de cerca de 2.000 millones de pesetas en el marco de un proyecto de cooperación con el ministerio de Educación chileno para la venta de materiales educativos. La prensa chilena reveló, años más tarde, que el material escolar adquirido a Eductrasa con cargo a créditos FAD había sido adquirido un 70% de lo que hubiera costado a precios de mercado.
[4] Hall y Lobina (2002)
[5] Hall y Lobina (2002).
[6] Un análisis más detallado en Montero (2006).
[7] Para un análisis exhaustivo de la actividad de REPSOL-YPF en Bolivia es imprescindible el libro de Gavaldá (2003).
[8] Sirva como ejemplo el que Medicos Mundi realizó análisis de muestras de agua en dos explotaciones petroleras de Repsol-YPF sin que en ninguna de ellas se alcanzaran los límites mínimos de potabilidad exigidos por la normativa española y europea. Sin embargo, según la normativa boliviana, el 70% de esas muestras se consideran aptas para su consumo y esta legislación la que Repsol-YPF aplica en sus campos. Un resumen detallado de los efectos que la extracción de hidrocarburos tiene sobre la salud de las comunidades vecinas puede encontrarse en el estudio de Intermon-Oxfam (2004).
[9] “Impactos ambientales, sociales y culturales de Repsol YPF en territorios indígenas de Bolivia”, Monitoreo Indígena Independiente - Asamblea del Pueblo Guaraní. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=28625
[10] Puede encontrarse más información al respecto en Montero (2006).
[11] No otro puede ser el sentido de las palabras de Roberto Mallea, uno de sus ejecutivos, en el III Congreso Latinoamericano y del Caribe de Gas y Electricidad cuando afirmaba, sin ningún pudor, que “la rentabilidad en la industria del gas en Bolivia es sumamente alta; por cada dólar invertido, la empresa petrolera gana 10 dólares. En el sector hidrocarburífero, la rentabilidad es buena cuando es tres a uno, qué decir entonces de una rentabilidad de 10 a uno dentro de la industria petrolera que se da en Bolivia”. Intermon-Oxfam (2004, p.27).
BIBLIOGRAFÍA
Hall, D. y Lobina, E. (2002): Privatización del agua en América Latina, 2002. www.psiru.org
Gavaldá, M. (2003): La recolonización. Repsol en América Latina: invasión y resistencias. Icaria Editorial. Barcelona.
Intermon-Oxfam (2004): Repsol-YPF en Bolivia: una isla de prosperidad en medio de la pobreza. www.intermonoxfam.org.
Montero Soler, A. (2006): Pero ¿pensaban que Evo Morales no iba en serio?, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=31588
Montero Soler, A. (2006): Un trío incómodo: Repsol, el gobierno español y la democracia en Bolivia, en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=28416
Poupeau, F. (2002): “Abusos de Aguas del Illimani”, http://www.voltairenet.org/article120518.html
domingo, 16 de julio de 2006
Israel volvió a bombardear Líbano
A pesar del pedido del G8, Israel volvió a bombardear Líbano y agravó la situación en Medio Oriente |20:00
Tras la muerte de 8 civiles en Haifa por la explosión de un misil enviado por Hezbollah, la Fuerza Aérea israelí atacó Líbano y mató al menos 60 personas. Los líderes de las potencias llamaron a una solución diplomática. Por su parte, el gobierno sirio advirtió que un posible ataque a su país generará una respuesta “sin límites en los medios ni en el tiempo”.
http://www.telam.com.ar/index.php/diario/noticias/internacionales/2006/07/16/a_pesar_del_pedido_del_g8_israel_volvio_a_bombardear_libano_y_agravo_la_situacion_en_medio_oriente
Tras la muerte de 8 civiles en Haifa por la explosión de un misil enviado por Hezbollah, la Fuerza Aérea israelí atacó Líbano y mató al menos 60 personas. Los líderes de las potencias llamaron a una solución diplomática. Por su parte, el gobierno sirio advirtió que un posible ataque a su país generará una respuesta “sin límites en los medios ni en el tiempo”.
http://www.telam.com.ar/index.php/diario/noticias/internacionales/2006/07/16/a_pesar_del_pedido_del_g8_israel_volvio_a_bombardear_libano_y_agravo_la_situacion_en_medio_oriente
LOS HERALDOS NEGROS
Hay golpes en la vida, tan fuertes ... ¡Yo no sé!
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma... Yo no sé!
Son pocos; pero son... Abren zanjas obscuras
en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.
Serán talvez los potros de bárbaros atilas;
o los heraldos negros que nos manda la Muerte.
Son las caídas hondas de los Cristos del alma,
de alguna fe adorable que el Destino blasfema.
Esos golpes sangrientos son las crepitaciones
de algún pan que en la puerta del horno se nos quema.
Y el hombre... Pobre... pobre! Vuelve los ojos, como
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;
vuelve los ojos locos, y todo lo vivido
se empoza, como charco de culpa, en la mirada.
Cesar Vallejo
viernes, 14 de julio de 2006
Noción de mi
II
Nací al sur,
llovía entonces
Fui engendrado con el mito
mi sangre viene de la tuya
mi grito del dolor antiguo
Conozco al portador
de los presagios...
Hijo de esta tierra sabia
aprendí en su lengua
el nombre de los cerros
Del violador la vergüenza
de mi madre la resistencia...
Nací al sur,
llovía entonces
Fui engendrado con el mito
mi sangre viene de la tuya
mi grito del dolor antiguo
Conozco al portador
de los presagios...
Hijo de esta tierra sabia
aprendí en su lengua
el nombre de los cerros
Del violador la vergüenza
de mi madre la resistencia...
Julio Prado
del poemario versos del caminante
del poemario versos del caminante
jueves, 13 de julio de 2006
La Solución Boliviana
Para los que no lo conocen, Arturo von Vacano, ( http://www.avonvac.com/ ) es en mi modesta opinión el mejor escritor Boliviano contemporaneo cuya lucides le a permitido penetrar en esa suerte de alucinación logica que aveces es la realidad boliviana y retratarla mas allá de la burda caricatura costumbrista o de ese ansiado aire de universalidad que nos atribuye la literatura boliviana..
Aunque no comparto es visón fatalista de nuestro futuro creo que merece ser escuchado, no solo por lo qué es o por lo que generosamente a dado a su pais, sino sobre todo por que los que creemos que este es el momento de construir un pais para todos. dPrimero debemos reconocernos a nosotros, como nosotros y eso solo sera posible si aprendemos a escucharnos, talvez sea la única forma de empezar el dialogo.
La prensa boliviana me censura.
Le ruego distribuir esta nota entre sus amigos si lo cree conveniente. Muchas gracias.
La Solución Boliviana
Arturo von Vacano
La meritocracia es una sistema educacional por el cual un individuo de inteligencia media pero emprendedor se dedica a memorizar los disparates que tipos raros de apellidos impronunciables han dicho o escrito alguna vez sobre cualquier tema. Los usa luego para justificar sus propios disparates.
Tras esta muy necesaria advertencia, me permito usar el nombre de Peter W. Galbraith, cuyo mérito doble parece ser una singular inteligencia y el accidente de ser hijo del famoso economista, y citar uno de sus presuntos disparates.
Este Galbraith ha escrito la siguiente definición, que a los bolivianos nos viene al pelo porque no nos define: "Una nación es un grupo de individuos que comparten una identidad común".
Estoy seguro de que todos los bolivianos menos los que nunca están contentos con nada estarán de acuerdo con esa definición, sobre todo si lo piensan un poco antes de protestar. También estoy muy seguro de que, al no definirnos, define la suerte de Bolivia y describe a este país que nunca pudo ser, sobre todo después del 2 de julio ppdo.
La partición a lo grueso 60-40 de los votos emitidos en esa fecha indica con claridad meridiana que ese 40% no aceptará jamás la identidad de ese 60%, y viceversa.
Esto es, los que hoy conocemos como bolivianos han dicho al mundo que no comparten su identidad de bolivianos, y por tanto la tierra que pisan, ese país, esa utopía, esa nación, no existe. Es imposible. La identidad de boliviano no existe. Lo que existe son dos grupos antagonistas y empeñados en asesinar a Bolivia (lo poco que han dejado185 años de vida "republicana") y entregar los restos a sus amables vecinos.
Es decir, niegan su himno patrio, aquello de "morir antes que esclavos vivir", y eligen el destino de diminutas colonias brasileñas, peruanas o chilenas, según el rincón que a cada cual le toque.
Aplicando su escrito a Irak, Galbraith explica: "Sunis, shiitas y kurdos, todos, tienen una identidad religiosa o étnica. Lo que no tienen es una identidad iraquí."
Con lo cual nos da en el ojo, como se dice: crucos y collas tienen una identidad étnica. Lo que no tienen es una identidad boliviana.
Por "cruco" entiendo aquí a la "media luna" y todos sus mitos y estupideces y por "colla" todas las estupideces y mitos de la wipala.
Y por "solución boliviana" para el problema de Bolivia entiendo esta condena a muerte que los votantes aplicaron al país que les vio nacer cuando hallaron el tiempo necesario para olvidar por un momento el último Mundial.
Galbraith propone para Irak una confederación de tres estados, sunistán, shiistán y kurdistán. Como los gringos son o serán quienes reciban este tipo de proposiciones, Galbraith propondría tres protectorados o cuatro a USA, el "papito" de la película, y los pondría bajo el ala de nuestros buenos vecinos.
USA se lavaría luego las manos, como Pilatos, y nuestros buenos vecinos harían con nosotros lo que hacen tan bien hoy los iraquíes, matar hasta dejar casi vacío el país.
¿En cuanto tiempo se puede liquidar a seis millones de opas usando armamento muy moderno? Menos de un año. Lo digo yo, no Galbraith.
Eso es lo que la votación del 2 de julio ha elegido, y eso es lo que buscan los idiotas que prefieren la "media luna" o la wipala antes del rojo, amarillo y verde.
En lo personal, yo lo supe apenas terminé de leer el primer libro de Historia de Bolivia que me regalara Don Alfredo Ayala, mi amado profesor preferido, de modo que nada de esto me sorprende.
Me dolió mientras leía el "Antón", que describe con pelos y señales esta solución tan boliviana para Bolivia pero, como lo indica "Hombre Masa", prefiero un final de bomba antes de una eternidad de hambrunas, esclavitud, miseria o, como dijo aquel que ya nadie recuerda, un lugar donde "muchos viven como perros para que unos pocos vivan como cerdos". Mucho más digna es la suerte de Cochise, pues que no habrá otra.
Pero, viejo y ya en capilla, el estomago me arde y se rebela al contemplar la estupidez, el egoísmo y la ceguera de esos que el azar me ha dado por compatriotas y que se forjan día a día el privilegio de haber asesinado a una nación.
--
afectuosamente
Julio Prado
http://el-bufon.blogspot.com
Aunque no comparto es visón fatalista de nuestro futuro creo que merece ser escuchado, no solo por lo qué es o por lo que generosamente a dado a su pais, sino sobre todo por que los que creemos que este es el momento de construir un pais para todos. dPrimero debemos reconocernos a nosotros, como nosotros y eso solo sera posible si aprendemos a escucharnos, talvez sea la única forma de empezar el dialogo.
La prensa boliviana me censura.
Le ruego distribuir esta nota entre sus amigos si lo cree conveniente. Muchas gracias.
La Solución Boliviana
Arturo von Vacano
La meritocracia es una sistema educacional por el cual un individuo de inteligencia media pero emprendedor se dedica a memorizar los disparates que tipos raros de apellidos impronunciables han dicho o escrito alguna vez sobre cualquier tema. Los usa luego para justificar sus propios disparates.
Tras esta muy necesaria advertencia, me permito usar el nombre de Peter W. Galbraith, cuyo mérito doble parece ser una singular inteligencia y el accidente de ser hijo del famoso economista, y citar uno de sus presuntos disparates.
Este Galbraith ha escrito la siguiente definición, que a los bolivianos nos viene al pelo porque no nos define: "Una nación es un grupo de individuos que comparten una identidad común".
Estoy seguro de que todos los bolivianos menos los que nunca están contentos con nada estarán de acuerdo con esa definición, sobre todo si lo piensan un poco antes de protestar. También estoy muy seguro de que, al no definirnos, define la suerte de Bolivia y describe a este país que nunca pudo ser, sobre todo después del 2 de julio ppdo.
La partición a lo grueso 60-40 de los votos emitidos en esa fecha indica con claridad meridiana que ese 40% no aceptará jamás la identidad de ese 60%, y viceversa.
Esto es, los que hoy conocemos como bolivianos han dicho al mundo que no comparten su identidad de bolivianos, y por tanto la tierra que pisan, ese país, esa utopía, esa nación, no existe. Es imposible. La identidad de boliviano no existe. Lo que existe son dos grupos antagonistas y empeñados en asesinar a Bolivia (lo poco que han dejado185 años de vida "republicana") y entregar los restos a sus amables vecinos.
Es decir, niegan su himno patrio, aquello de "morir antes que esclavos vivir", y eligen el destino de diminutas colonias brasileñas, peruanas o chilenas, según el rincón que a cada cual le toque.
Aplicando su escrito a Irak, Galbraith explica: "Sunis, shiitas y kurdos, todos, tienen una identidad religiosa o étnica. Lo que no tienen es una identidad iraquí."
Con lo cual nos da en el ojo, como se dice: crucos y collas tienen una identidad étnica. Lo que no tienen es una identidad boliviana.
Por "cruco" entiendo aquí a la "media luna" y todos sus mitos y estupideces y por "colla" todas las estupideces y mitos de la wipala.
Y por "solución boliviana" para el problema de Bolivia entiendo esta condena a muerte que los votantes aplicaron al país que les vio nacer cuando hallaron el tiempo necesario para olvidar por un momento el último Mundial.
Galbraith propone para Irak una confederación de tres estados, sunistán, shiistán y kurdistán. Como los gringos son o serán quienes reciban este tipo de proposiciones, Galbraith propondría tres protectorados o cuatro a USA, el "papito" de la película, y los pondría bajo el ala de nuestros buenos vecinos.
USA se lavaría luego las manos, como Pilatos, y nuestros buenos vecinos harían con nosotros lo que hacen tan bien hoy los iraquíes, matar hasta dejar casi vacío el país.
¿En cuanto tiempo se puede liquidar a seis millones de opas usando armamento muy moderno? Menos de un año. Lo digo yo, no Galbraith.
Eso es lo que la votación del 2 de julio ha elegido, y eso es lo que buscan los idiotas que prefieren la "media luna" o la wipala antes del rojo, amarillo y verde.
En lo personal, yo lo supe apenas terminé de leer el primer libro de Historia de Bolivia que me regalara Don Alfredo Ayala, mi amado profesor preferido, de modo que nada de esto me sorprende.
Me dolió mientras leía el "Antón", que describe con pelos y señales esta solución tan boliviana para Bolivia pero, como lo indica "Hombre Masa", prefiero un final de bomba antes de una eternidad de hambrunas, esclavitud, miseria o, como dijo aquel que ya nadie recuerda, un lugar donde "muchos viven como perros para que unos pocos vivan como cerdos". Mucho más digna es la suerte de Cochise, pues que no habrá otra.
Pero, viejo y ya en capilla, el estomago me arde y se rebela al contemplar la estupidez, el egoísmo y la ceguera de esos que el azar me ha dado por compatriotas y que se forjan día a día el privilegio de haber asesinado a una nación.
--
afectuosamente
Julio Prado
http://el-bufon.blogspot.com
miércoles, 12 de julio de 2006
Noción de mi
I
Soy la tierra
el que siembra
el que fecunda
el abismo innombrable
el tiempo del sin tiempo
Soy el llanto
la quimera rota contra el sol
el camino antiguo de los árboles
la risa espontánea de los locos
el eco de la lluvia en las miradas
Soy el poeta
el errante bufón
el loco, el comediante
Ocupo la brisa
Transito el estarsiendo
Enero 2003
Soy la tierra
el que siembra
el que fecunda
el abismo innombrable
el tiempo del sin tiempo
Soy el llanto
la quimera rota contra el sol
el camino antiguo de los árboles
la risa espontánea de los locos
el eco de la lluvia en las miradas
Soy el poeta
el errante bufón
el loco, el comediante
Ocupo la brisa
Transito el estarsiendo
Enero 2003
El bufón informa
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que declara a la lengua Chiman - Mosetene como patrimonio cultural e intangible del país.
Se estima que unos 10 mil indígenas de la etnia Chiman que habitan en las provincias benianas de Ballivián, Yacuma y Moxos hablan esa lengua.
Ese pueblo indígena se estableció en el norte amazónico del país llevando consigo su herencia, identidad, valores culturales y su organización social, política y económica.
Preservaron, desde tiempos inmemoriales, su lengua, alfabeto, costumbres, tradiciones, música, folclore autóctono, la práctica de ceremonias religiosas y otras que reflejan la profundidad de su origen.
En el proyecto de ley aprobado por unanimidad se establece que el Ministerio de Educación en coordinación con el pueblo Chiman implementarán el alfabeto Chiman - Mosetene en la instrucción de las nuevas generaciones de ese pueblo originario.
[Ukhamawa: Red de Noticias Indigenas]
http://espanol.groups.yahoo.com/group/ukhamawa/
Amnesia
Ambulo solo y deliro, me arrebataron la prisa , algún apretón de manos y ahora es amargo el olor de lucia en la distancia.
Al principio quise no saber, olvidar, volver como si nada hubiese cambiado, encender la tele, leer los diarios o simplemente estar en cama el domingo, quise olvidar y callé y seguí callando hasta que no pude más y cambie los nombres, los rostros y olvide las calles, los gestos, las señas, el café, las canciones
El dolor lo conocí después, el primer golpe es el más duro decía siempre la abuela de Carlos, le inventé el cabello rosado y los picaflores verdes bajando por sus trenzas. El dolor no llegó con el primer golpe, nació al despertar, después del primer golpe, después, mucho después.
Recostado sobre el miedo, sin dormir, sintiendo el calor de la sangre en mis labios no pude más y callé los nombres cambiados, me inventé lugares y lloré sobre mi sangre, con las manos hinchadas y los dedos inmóviles. He descendido hasta lo innombrable, conocí el dolor.
Los golpes si hicieron más frecuentes. desperté aquí. Casi ahogado. En el aliento esta la vida, los ancianos lo saben por eso exhalan lento como alargando el día, los niños lo intuyen por eso agitados y locos se embriagan en risas y llantos. Ellos, ellos también lo saben por eso los días se repiten.
He aprendido nuevamente a deletrear mi nombre, recobré la firmeza de mi espalda, mentí, la sonrisa de lucia se evapora en la memoria, lejano el sol, el inviernos se me ha pegado en la mirada, soy el recuerdo de mi mismo, memoria latiendo entre cuatro paredes.
Al principio quise no saber, olvidar, volver como si nada hubiese cambiado, encender la tele, leer los diarios o simplemente estar en cama el domingo, quise olvidar y callé y seguí callando hasta que no pude más y cambie los nombres, los rostros y olvide las calles, los gestos, las señas, el café, las canciones
El dolor lo conocí después, el primer golpe es el más duro decía siempre la abuela de Carlos, le inventé el cabello rosado y los picaflores verdes bajando por sus trenzas. El dolor no llegó con el primer golpe, nació al despertar, después del primer golpe, después, mucho después.
Recostado sobre el miedo, sin dormir, sintiendo el calor de la sangre en mis labios no pude más y callé los nombres cambiados, me inventé lugares y lloré sobre mi sangre, con las manos hinchadas y los dedos inmóviles. He descendido hasta lo innombrable, conocí el dolor.
Los golpes si hicieron más frecuentes. desperté aquí. Casi ahogado. En el aliento esta la vida, los ancianos lo saben por eso exhalan lento como alargando el día, los niños lo intuyen por eso agitados y locos se embriagan en risas y llantos. Ellos, ellos también lo saben por eso los días se repiten.
He aprendido nuevamente a deletrear mi nombre, recobré la firmeza de mi espalda, mentí, la sonrisa de lucia se evapora en la memoria, lejano el sol, el inviernos se me ha pegado en la mirada, soy el recuerdo de mi mismo, memoria latiendo entre cuatro paredes.
martes, 11 de julio de 2006
el bufón
Cochabamba, Bolivia, politica, economía, deportes, futbol, periodismo, notas, folclore, newspaper, news, breaking, Bolivian, politics, economy, sports, soccer, updated, daily, journalism, clasificados, avisos, classified, ads, media, portada, editoria, internacional, nacional, local
el bufón,el rey bufón, el pequeño bufón, bufon bofon
Llueve otra vez
El eco de las campanas repica a lo lejos, una tras otra marcan la medianoche, algunos autos se entretienen en el rojo del semáforo, el frío colándose por los vidrios entreabiertos, empañándolos, la llovizna persistente formaba pequeños ríos entre la acera y la basura amontonada. Los perros empapados y goteantes husmeaban la basura, en la esquina, una vieja vendedora de dulces dormía apoyada contra el dintel de la puerta, el farol dibujaba sobre ella una escena del viejo Matisse.
Con los cabellos mojados y el paso tambaleante un borracho se acerco rebuscando un par de monedas en el bolsillo, - Cigarrillos sueltos véndeme casera, que porquería de lluvia, cualquiera nomás, total con este frío y lo borracho que estoy cualquiera da lo
mismo.
La anciana recibió las monedas, mientras le entregaba un encendedor que el borracho acercó al cigarrillo que ya descansaba en sus labios, los alumbro el farol titubeante de un coche mientras la anciana agradecía a dios y se acurrucaba nuevamente.
El levantó el cuello del saco, guardó las manos en los bolsillos, satisfecho de si mismo recordó la mañana, cuando aun acostado recontó una a una sus pertenencias, todo lo que tenia estaba allí, al alcance de su mano, su universo, su pequeño imperio, cabía en una habitación de tres por tres. En la ducha recordó el trabajo, los inventarios del almacén, se acordó de su pueblo, de las calles de tierra, del bar de la plaza, los domingos de fútbol. Al salir de la ducha se vistió, apuró una taza de café y se miro al espejo.
– que bien me queda este pantalón y además me trae suerte, estoy seguro hoy será un gran día se había dicho en la mañana. El ladrido de un perro lo sacó de sus pensamientos apuro el paso, sonrió y se perdió en la noche.
En la marcha
Muchas vidas he visto ya, decía Don Juan al otro lado del espejo, sentía a veces esa necesidad ciega de encender una hoguera y ver arder, perdiéndose, mientras se pierde el sentido del tiempo, como Don Juan esa noche sentado al otro lado del espejo, ese espejo largo y horizontal que adornaba la parte del bar , que don Juan aseguraba no tenia otro sentido que el de ocultar al cliente lo que se sirve.
Habíamos llegado al bar, casi por inercia, esa fuerza centrífuga del café y la bohemia nos había arrastrado, al silencio que antecede a los gases primero y ahora al aroma de tabaco y café del viejo bar de Don Guido.
Juntos almorzamos, nos fuimos encontrando de uno, cuando llegué estaban sentados de espalda al la puerta, en la mesa de la esquina, aquella de la luz pálida, donde almorzar a cualquier hora seria una especie de acto colectivo y transitorio. Fernando tamborillava con los dedos sobre el mantel azul, Ricardo recostado en el espaldar de su silla revisaba el menú sin saltar ningún ítem, luego colocó la carta sobre la mesa, cruzó sus manos encima y exhaló un – Lo de siempre por favor.
Hoy es martes, dice el griego que ya no le puede fiar, repitió la camarera a momento de inclinarse coquetamente para cambiar el cenicero y dejar entrever el nacimiento de el escote, la eterna invitación al abismo. Fernando como si hablara desde muy atrás de sus anteojos o como quien repite un viejo mantra _Tenemos efectivo, hoy no te preocupes dijo, para mi una ensalada nomás y levantando la voz, como para que lo escuche yo que recién trepaba el últimos escalón que da a las mesas de arriba – que vas a comer, nada supongo repetí en mis adentros, comer, comer, si creo que una sopa o algo así contesté.
Afuera quedaba la calle, la mañana había caído sobre la ciudad con la certeza de que después del mediodía, en la marcha, estallaría todo. La semana Transcurrió como esas semanas de verano en que se tiene la sensación de que si la temperatura sigue subiendo arderá todo y es lo que sentían las señoras que presurosos se apostaban en los puestos de abarrote y en las verduleras y velas no te olvides , que puede que el gobierno haga apagones otra vez, ha y no te olvides llamar a tu hermana que luego desconectan los celulares para que los marchistas no se puedan comunicarse, que no, no es para eso si no son tan brutos es para la prensa y sobre todo para que los noticieros no puedan informar en vivo, replicaba otra voz, mientras los niños se esforzaban en seguir el paso presuroso de sus padres; hasta el ruido de los motores presagiaba el olor de una tormenta.
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